La emancipación tarda : jóvenes en España no abandonan el hogar hasta los 30 años, la quinta peor cifra de la UE

Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 los jóvenes abandonaron el hogar familiar a una edad media de 30 años, la quinta cifra más alta de toda la Unión Europea. 

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egún los últimos datos de Eurostat, en 2024 los jóvenes abandonaron el hogar familiar a una edad media de 30 años, la quinta cifra más alta de toda la Unión Europea. (Archivo Europa Press)

 

En España, la emancipación juvenil se ha convertido en un reto estructural que refleja tanto la crisis habitacional como la precariedad laboral y la desigualdad generacional. Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 los jóvenes abandonaron el hogar familiar a una edad media de 30 años, la quinta cifra más alta de toda la Unión Europea. Solo Croacia, Eslovaquia, Grecia e Italia presentan cifras peores. En el otro extremo, países como Finlandia o Dinamarca registran medias por debajo de los 22 años.

El retraso de casi una década respecto al norte de Europa no es solo una diferencia cultural: es la expresión de un sistema donde vivienda y empleo se convierten en barreras para el desarrollo personal.

Radiografía del problema: precios, hacinamiento y sobrecarga

La dificultad de emanciparse se sostiene en tres pilares. Primero, la brecha de edad: mientras la media europea se sitúa en 26,2 años, en España alcanza los 30. Segundo, el hacinamiento juvenil: más de un tercio de los jóvenes viven en hogares sobreocupados, especialmente los de entre 15 y 19 años. Y tercero, el coste del alquiler: casi un 10% de los jóvenes destina más del 40% de su renta a la vivienda, aunque el retraso en la emancipación disimula la sobrecarga directa al seguir dependiendo de la familia.

 

¿Por qué España está en el vagón de cola?

Las causas son múltiples. La precariedad laboral juvenil —contratos temporales, bajos salarios y un paro estructural elevado— se combina con un mercado de alquiler tensionado en ciudades como Barcelona, Madrid o Palma, donde la presión turística y la escasez de oferta disparan los precios. A ello se suma un déficit crónico de vivienda pública: España destina menos del 2% de su parque a vivienda social, frente al 20% de Países Bajos o el 16% de Austria.

Imagen de recurso de un grupo de Jovenes abrigados en Madrid.
 La precariedad laboral juvenil —contratos temporales, bajos salarios y un paro estructural elevado ( Archivo Europa Press)

 

Todo ello se apoya en un modelo familiarista: la familia actúa como red de apoyo ante la falta de políticas públicas eficaces, pero al mismo tiempo perpetúa la dependencia y retrasa la autonomía.

Impacto social: proyectos vitales en pausa

El bloqueo de la emancipación no es un simple retraso en la edad de independencia: retrasa la formación de hogares, la natalidad y la movilidad laboral. Genera dependencia económica y emocional, fomenta el estrés habitacional y amplía la brecha entre generaciones. En definitiva, la vivienda se convierte en un obstáculo para la vida adulta.

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La vivienda se convierte en un obstáculo para la vida adulta. (Archivo Europa Press)

Respuestas políticas: avances insuficientes

En los últimos años, España ha puesto en marcha medidas como la Ley de Vivienda de 2023, que introduce límites al alquiler y regula a los grandes tenedores; el Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, con ayudas específicas para jóvenes; o los fondos europeos Next Generation, destinados a rehabilitación y vivienda social. Sin embargo, urbanistas y expertos coinciden en que, sin un salto estructural en vivienda pública y una reforma profunda del mercado del alquiler, el problema persistirá.

Una paradoja insostenible

España vive una paradoja habitacional: los jóvenes no se emancipan porque no pueden pagar un alquiler, pero al seguir en casa no aparecen entre los más sobrecargados por gasto en vivienda. El dato de los 30 años no es solo una estadística: es el espejo de un modelo que necesita repensarse. Porque la vivienda no puede ser únicamente un bien de mercado. Debe reconocerse y garantizarse como lo que es: un derecho esencial para construir futuro.

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