La alarma por los presos con problemas mentales en Catalunya “demuestra el fracaso de todo un sistema”

Iñaki Rivera, experto en Derecho Penal, alerta sobre los riesgos de mantener en prisión a reos con patologías psiquiátricas graves, tras un episodio violento en Quatre Camins.

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Archivo - Imagen de archivo del Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona)
Archivo - Imagen de archivo del Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT

 

El pasado 20 de septiembre, dos internos del Centre Penitenciari Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), agredieron a un tercero utilizando la barra y el disco de una pesa, un incidente que ha vuelto a poner el foco en la salud mental de los internos en Cataluña. Xavier Bosch, abogado de A.R., uno de los presuntos agresores, describió a su defendido como un "interno vulnerable", con discapacidad reconocida y trastornos psiquiátricos severos acreditados en informes hospitalarios. La defensa asegura que la situación era previsible y que ya se había solicitado el ingreso del interno en un centro psiquiátrico o, en su defecto, en la enfermería de la prisión bajo supervisión continua.

 

Salud mental en el ámbito penitenciario

Según datos de la Conselleria de Salut, aproximadamente el 60% de los internos en prisiones catalanas presenta algún tipo de trastorno mental. En cuanto a la discapacidad intelectual, el programa de atención a estas personas atendió a 263 internos en 2023, lo que representa un 2,7% de la población penitenciaria, según la Sindicatura de Greuges. Estos datos evidencian la magnitud del desafío que enfrentan los centros penitenciarios para garantizar la atención adecuada a reos con necesidades especiales.

 

La crítica de los expertos

El profesor de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, Iñaki Rivera, denuncia que las cárceles se han convertido en "un depósito de personas con problemas mentales, con todo tipo de patologías y policonsumo". Rivera subraya que las penas privativas de libertad deberían aplicarse únicamente a quienes estén en plenas facultades mentales y sean conscientes de la culpabilidad de sus actos, ya que el internamiento en prisión puede agravar los trastornos existentes. Según él, "Demuestra el fracaso de todo un sistema, que no rehabilita". El jurista advierte también del impacto negativo sobre los internos, sus familias y los propios funcionarios, que son testigos directos del deterioro progresivo de los reos más vulnerables.

 

Prevención insuficiente y condiciones inadecuadas

Fuentes penitenciarias sostienen que "era cuestión de tiempo que pasara algo" como lo ocurrido en Quatre Camins. Los internos de perfil vulnerable se ubican en el Departamento de Atención Especializada (DAE), inicialmente creado para seguimiento y prevención del consumo de drogas, pero que ahora acoge a internos con discapacidad intelectual que requieren atención específica. Un funcionario asegura que "no deben estar en el mismo régimen que el resto de la población penitenciaria, pero es una manera irreal de afrontar la convivencia en estos módulos", aludiendo a dotaciones insuficientes y dificultades para proporcionar un cuidado adecuado. Según estas fuentes, el problema de salud mental en las prisiones catalanas ha ido en aumento debido a factores como una mayor detección de trastornos, enfermedades congénitas, consumo de drogas y la influencia de visitas de familiares o el regreso de internos tras permisos.

 

Defensa y petición de medidas

La defensa del interno insiste en que su ingreso en un centro psiquiátrico "no busca eludir la responsabilidad penal", sino garantizar que la pena se cumpla "en condiciones de dignidad, seguridad y tratamiento adecuado". Xavier Bosch recalca que esta medida impediría que se repitieran situaciones como la agresión del 20 de septiembre. Además, solicita que se realice una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades tanto del incidente como de la supuesta falta de atención de la Administración a las solicitudes previas, y que se establezcan protocolos destinados a proteger a internos de alta vulnerabilidad, evitando que personas no conflictivas desarrollen conductas disruptivas en un sistema que, según Bosch, "prioriza el castigo frente a la reinserción".

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