SOS en la educación catalana: el Govern se enfrenta a un doble estallido en la escuela pública y la concertada

La educación en Catalunya atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Si no fuera poco con la pronunciada huelga del sector público, ahora es el concertado quien ha elevado el tono para dar pie a la tormenta perfecta en las aulas catalanas. El mensaje desde ambos lados es claro: el sistema necesita y exige una reforma estructural urgente que garantice financiación suficiente, condiciones laborales dignas y recursos adecuados para atender a una realidad cada vez más compleja en las aulas.

A las movilizaciones y amenazas de huelga previstas en la escuela pública se suma ahora el “golpe en la mesa” de la escuela concertada, que ha anunciado una recogida de firmas para denunciar lo que califican de “asfixia económica”. El Govern se enfrenta así a un doble frente que pone en evidencia las debilidades del modelo actual.

La concertada alerta de una “asfixia” que compromete su supervivencia

Las escuelas concertadas han querido señalar una grave falta de recursos que hace peligrar la vida de estos centros a corto plazo. Advierten que su viabilidad está en riesgo debido a una infrafinanciación crónica que, aseguran, incumple los compromisos recogidos en la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

Por primera vez, familias, patronales y sindicatos del sector se han unido en una iniciativa conjunta para reclamar que la Proposición de ley de garantías de financiación del sistema educativo catalán, actualmente en tramitación en el Parlament, incluya explícitamente una financiación suficiente para garantizar la gratuidad real de la concertada.

La secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, ha subrayado que en los últimos años ha aumentado la diversidad y la complejidad social en las aulas concertadas, pero sin que eso se haya traducido en un incremento proporcional de recursos. Entre 2020 y 2024, el presupuesto de la Conselleria d’Educació creció en 2.139 millones de euros, pero el 89% de ese aumento se destinó a la escuela pública y solo el 12% a la concertada.

Según los datos aportados por el sector, serían necesarios 400 millones de euros adicionales para asegurar la gratuidad del sistema concertado. El departamento gestiona actualmente un presupuesto cercano a los 7.500 millones de euros, que ha crecido en 1.775 millones en los últimos años, pero únicamente un 10% de ese incremento ha ido dirigido a la concertada.

Más docentes y equiparación salarial

Las demandas del sector no se limitan a la financiación global. Reclaman también un aumento de plantilla que permita equiparar los recursos humanos con los de la escuela pública. Según Enrique Gallego, secretario general de la Federación de Educación de USOC, la concertada mantiene prácticamente la misma estructura de personal desde hace más de 30 años, pese a que la realidad social y educativa ha cambiado por completo.

El cálculo que trasladan es contundente: harían falta 3.300 docentes más para situar la plantilla en proporción al sector público. Además, exigen la homologación salarial y de condiciones laborales, al considerar que la brecha actual genera desigualdades dentro del propio sistema educativo catalán.

Otro punto de fricción es la renovación de conciertos. Desde la concertada insisten en que no piden mantener líneas sin alumnado, pero sí poder absorber la denominada “matrícula viva”, es decir aquellos alumnos que se incorporan fuera del periodo ordinario, para evitar la saturación de la escuela pública y garantizar una distribución equilibrada.

La escuela pública también al límite

El malestar no es exclusivo de la concertada. Es ampliamente conocido que la educación pública catalana vive su propio conflicto, con movilizaciones convocadas y la amenaza de huelga si no se alcanzan acuerdos en las próximas semanas.

Las organizaciones docentes reclaman una mejora salarial, pero también una transformación más profunda. Exigen una inversión estructural que permita afrontar con garantías los retos de la escuela inclusiva, reforzando tanto los recursos humanos como los materiales.

Entre las medidas prioritarias figura una reducción ambiciosa de ratios: un máximo de 15 alumnos por aula en primaria y 20 en secundaria. Consideran que esta medida es clave para mejorar la calidad educativa, facilitar la atención personalizada y responder a la creciente diversidad del alumnado.

Un sistema tensionado desde ambos lados

La fotografía actual refleja un sistema que, pese al aumento presupuestario de los últimos años, sigue generando tensiones internas. La concertada denuncia falta de equidad en la distribución de recursos; la pública reclama más inversión estructural y mejores condiciones laborales. Ambos sectores coinciden en un punto esencial: la necesidad de garantizar un mínimo del 6% del PIB para educación, tal como se debate en el Parlament, y de establecer mecanismos que aseguren una financiación estable y suficiente.

El reto para el Govern no es menor. Más allá de resolver conflictos individuales, deberá replantear el modelo educativo para garantizar sostenibilidad, equidad y calidad. La educación catalana, sostienen docentes y gestores, no puede seguir funcionando bajo la presión constante de la insuficiencia de recursos.

Reinventar la educación para recuperar garantías

El mensaje que emerge desde las aulas es claro: el sistema necesita estabilidad, planificación y financiación suficiente. Sin ello, advierten, se corre el riesgo de deteriorar la calidad educativa y aumentar las desigualdades.

La educación no es solo una partida presupuestaria; es la base sobre la que se construye el futuro social y económico del territorio. El debate ya no gira únicamente en torno a cifras, sino a un modelo que debe adaptarse a nuevas realidades sin dejar atrás a ningún alumno ni a ningún centro.