Pulso sindical por la regularización en Catalunya: CSIF denuncia el "olvido" del personal de Extranjería

El proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, uno de los retos administrativos más ambiciosos de 2026, ha arrancado con una fuerte polémica en territorio catalán. El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha alzado la voz ante lo que considera una gestión opaca y discriminatoria por parte de la Delegación del Gobierno en Catalunya, reclamando que se priorice la experiencia del personal de las Oficinas de Extranjería antes de recurrir a recursos externos o subcontrataciones.

La organización ha formalizado una queja directa ante el delegado del Gobierno, denunciando una preocupante falta de planificación que no solo genera malestar en las plantillas, sino que pone en riesgo la eficacia de un servicio público esencial para la cohesión social.

Un mapa de exclusiones incomprensible

El punto de mayor fricción reside en la configuración de la primera fase del dispositivo. Mientras ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia han sido incluidas de inicio, las subdelegaciones de Girona, Tarragona y Lleida han quedado fuera del despliegue inicial.

Para CSIF, esta decisión carece de lógica demográfica y operativa:

• Girona, con cerca de 178.500 personas extranjeras, supera en población diana a provincias que sí han sido incluidas, como Almería o Bizkaia.
• Tarragona (155.700) y Lleida (91.400) se sitúan también en el "top 10" estatal por volumen de población extranjera.

"Es un despropósito dejar al margen a profesionales que conocen el terreno y que, inevitablemente, acabarán asumiendo la carga de trabajo más compleja una vez finalice el proceso", subrayan desde el sindicato.

Agravio comparativo: gratificaciones y recursos externos

La indignación de los trabajadores no solo nace de la carga de trabajo, sino de la desigualdad en las condiciones económicas. Según denuncia el sindicato, mientras el personal de Extranjería vive en la incertidumbre, otros sectores como Correos o la empresa pública TRAGSA ya tienen definidos sus turnos y remuneraciones por voluntariedad.

Se han establecido gratificaciones que oscilan entre los 25 euros por hora para apoyo informático y los 35 euros por hora para tareas de coordinación. CSIF considera "totalmente incomprensible" que los pilares técnicos del sistema —los funcionarios de Extranjería— no hayan recibido comunicación oficial ni la posibilidad de participar en igualdad de condiciones.

El riesgo de la externalización y la pérdida de calidad

El sindicato rechaza frontalmente que se recurra de forma prioritaria a la externalización del servicio. Defienden que el personal público cuenta con la formación y experiencia necesaria para actuar de inmediato, sin necesidad de periodos de adaptación que podrían retrasar los expedientes.

Además, advierten de un problema a futuro: cuando el dispositivo extraordinario termine, serán estos mismos funcionarios quienes deberán revisar y gestionar en solitario los expedientes tramitados. Por ello, califican de "acto de justicia" que sean ellos los primeros en acceder a estas tareas retribuidas.

Un futuro incierto para el servicio público

La falta de información y la improvisación denunciadas ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no solo afectan al ánimo de los trabajadores, sino que impactan directamente en el ciudadano. CSIF alerta de que una mala organización puede comprometer la atención ágil y eficaz que merece la población extranjera en un momento tan sensible de su integración administrativa.