Un informe advierte de un deterioro de la pobreza en Catalunya tras años de relativa estabilidad

El análisis elaborado por entidades sociales introduce un diagnóstico preocupante sobre la evolución reciente de las condiciones de vida, con especial impacto en colectivos vulnerables y en el acceso a recursos básicos.

El documento Radiografía Insocat 2026, impulsado por Entitats Catalanes d’Acció Social, confirma un retroceso en los indicadores de pobreza y exclusión en Catalunya después de un periodo de cinco años marcado por una evolución contenida.

Un repunte tras años de contención

El estudio, que cruza datos de la Encuesta de Condiciones de Vida con otras fuentes estadísticas, sitúa la tasa de pobreza en el 18,9% en Catalunya, mientras que el indicador Arope, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, alcanza el 24,8%, lo que supone un incremento de 0,8 puntos respecto al año anterior.

Este cambio de tendencia refleja un empeoramiento de las condiciones sociales que afecta de manera transversal, aunque con mayor intensidad en determinados grupos.

Colectivos más afectados

La pobreza infantil alcanza el 36% entre los menores de 18 años, consolidándose como uno de los ámbitos más sensibles. Además, el riesgo de exclusión crece más entre las mujeres que entre los hombres.

El informe también destaca que casi la mitad de las personas sin nacionalidad española, un 49,7%, se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, lo que evidencia desigualdades estructurales ligadas al origen.

El peso del coste de la vida

La vocal de pobreza de la entidad, Teresa Bermúdez, subraya el impacto del encarecimiento generalizado y señala que este absorbe “el 95% de la renta media disponible”, una situación que provoca que a la mitad de la población le resulte difícil afrontar los gastos básicos.

Esta presión económica constante limita la capacidad de ahorro y aumenta la vulnerabilidad de amplios sectores sociales.

Desigualdad de origen

El análisis introduce el concepto de desigualdad “heredada”, que representa el 35% de las diferencias en ingresos y está condicionada por factores como el género, el entorno familiar o el origen socioeconómico.

En este sentido, Bermúdez advierte de que “el ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado, y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a fin de mes con tranquilidad”, lo que apunta a una pérdida de movilidad social.

El papel de las ayudas públicas

Las transferencias sociales logran actualmente sacar de la pobreza al 21,5% de la población, aunque desde Ecas se considera que esta capacidad resulta limitada, especialmente en el caso de la infancia y la adolescencia.

Mientras que las pensiones reducen significativamente la pobreza entre las personas mayores, pasando del 76,9% al 14,2%, en los menores el impacto es más reducido, con una bajada del 39,7% al 30%.

La vivienda como factor clave

El acceso a la vivienda emerge como uno de los principales motores de empobrecimiento. Entre 2014 y 2025, los precios del alquiler han aumentado un 58,07% en Catalunya, lo que ha incrementado la presión sobre los hogares.

Vivir en régimen de alquiler triplica el riesgo de pobreza, con una tasa del 34,4%, frente al 11,3% de quienes disponen de vivienda en propiedad.

El informe señala que 568.000 hogares, en los que residen cerca de dos millones de personas, sufren precariedad habitacional. Además, un 16,8% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, cifra que asciende al 26,9% entre las personas extranjeras.

También se pone de relieve la concentración del mercado inmobiliario, con un 1,2% de grandes tenedores que controlan cerca del 25% de las propiedades, en un contexto donde el parque público representa apenas el 2%, muy por debajo del 15% de la media europea, y convive con más de 400.000 viviendas vacías.

Limitaciones de los datos y propuestas

Ecas advierte de que las cifras disponibles no reflejan la totalidad de la realidad social, ya que quedan fuera situaciones como las de las personas sin hogar o aquellas en situación administrativa irregular.

Ante este escenario, la entidad reclama reforzar las políticas públicas mediante una mayor capacidad redistributiva, mejorar la cobertura de las prestaciones sociales, intensificar el apoyo a la infancia y desplegar medidas estructurales que aborden el problema de la vivienda.