Los Bombers voluntarios denuncian ser “riders” y llevan su precariedad a los juzgados
Una protesta en Barcelona visibiliza las condiciones laborales del colectivo mientras varias demandas contra la Generalitat avanzan en los tribunales con fechas ya fijadas para los primeros juicios
El conflicto laboral emerge con fuerza en el ámbito de los servicios de emergencia y sitúa bajo escrutinio el modelo que regula la actividad de quienes actúan en primera línea sin reconocimiento pleno.
La reivindicación del colectivo de bomberos voluntarios en Catalunya adquiere una nueva dimensión pública con una acción simbólica que busca equiparar su situación a la de trabajadores de plataformas digitales y trasladar el debate al terreno judicial.
Una protesta sobre ruedas para denunciar la situación
Una bicicletada recorre Barcelona con la participación de medio centenar de bomberos voluntarios en una acción organizada por Bombers Precaris en Lluita. La iniciativa pretende visibilizar unas condiciones laborales que el colectivo considera precarias y comparables a las de los repartidores de plataformas como Glovo.
Antes del inicio de la protesta, el presidente de la Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris y portavoz del movimiento, Miquel Mesegué, explica el sentido de la movilización y resume la situación con una afirmación contundente: “Somos riders, pero en vez de una empresa y de repartir comida, somos riders de bomberos”.
Condiciones laborales bajo crítica
El portavoz detalla que los bomberos voluntarios realizan las mismas funciones que los efectivos profesionales y se enfrentan a idénticos riesgos, pero carecen de elementos básicos de protección laboral. Según expone, no están dados de alta en la Seguridad Social ni se les aplica la normativa de prevención de riesgos laborales.
Esta situación, según el colectivo, evidencia una desigualdad estructural dentro del propio sistema de emergencias, donde una parte de los efectivos actúa sin las garantías que sí tienen otros trabajadores públicos.
El paralelismo con las plataformas digitales
Una de las claves del discurso reivindicativo radica en la comparación con el modelo de las plataformas de reparto. Mesegué señala que los bomberos voluntarios operan mediante una aplicación móvil que se activa cuando se requieren sus servicios.
El portavoz describe este funcionamiento con otra frase que resume la crítica del colectivo: “Somos bomberos low cost, si te necesito, te activo, y sino, a tu casa”. Este sistema, según denuncian, reproduce dinámicas de disponibilidad intermitente y falta de estabilidad.
La vía judicial toma protagonismo
Ante la falta de avances en el ámbito político, el colectivo opta por trasladar sus reivindicaciones a los tribunales. A finales del año pasado, Bombers Precaris en Lluita presenta una serie de demandas conjuntas contra la Generalitat en 12 juzgados de lo social de Catalunya.
De estas, siete ya han sido admitidas a trámite, pese a que el Govern había alegado la falta de competencia de los órganos judiciales. Este paso marca un punto de inflexión en la estrategia del colectivo, que busca una resolución legal a su situación.
Calendario de juicios en marcha
Los primeros juicios ya cuentan con fechas fijadas a partir del mes de septiembre, lo que abre una nueva fase en el conflicto. La resolución de estos procesos puede sentar un precedente relevante sobre el encaje laboral de los bomberos voluntarios dentro de la administración pública.
Mesegué plantea con claridad las dos posibles salidas al conflicto: “Tenemos dos opciones. Una, o nos llaman a nosotros y nos dicen de hablarlo y miramos de arreglarlo, algo que no han hecho en seis años. O la otra opción es que hasta que un señor con toga de un golpe de mazo encima de la mesa y diga, estos señores o para aquí o para allá”.
Un conflicto abierto en Catalunya
La protesta y las acciones judiciales reflejan un malestar acumulado durante años dentro del colectivo. La falta de respuesta política, según denuncian, ha empujado a los bomberos voluntarios a intensificar sus reivindicaciones.
El caso pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la regulación del trabajo en servicios esenciales y sobre los límites de los modelos basados en la voluntariedad cuando implican responsabilidades y riesgos equiparables a los de un empleo profesional.
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