Vox recurrirá las multas a sus 3 concejales en Terrassa obligando al Ayuntamiento a afrontar un litigio judicial

Vox Terrassa ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la sanción económica impuesta por el Ayuntamiento a tres de sus concejales tras acudir a dos plenos municipales con camisetas críticas hacia el alcalde, Jordi Ballart. La formación considera que se trata de una medida “injustificada” y defiende que su actuación está amparada por la libertad de expresión.

Los hechos se remontan a las sesiones plenarias del 25 y 30 de abril de 2025, cuando la portavoz del grupo, Alicia Tomás, junto a los concejales Daniel Pinto y Mireya Navarro, vistieron camisetas con el mensaje: “¿Por qué Ballart silencia las violaciones en Terrassa?”.

En el primer pleno, el alcalde decidió suspender la sesión tras la negativa de Tomás a retirarse la prenda, mientras que en el segundo ordenó la expulsión de los tres ediles, que abandonaron la sala acompañados por la Policía Municipal para permitir la reanudación del debate.

Sanciones por falta de respeto institucional al alcalde de Terrassa 

A raíz de estos hechos, el consistorio ha tramitado un expediente sancionador que contempla multas de 1.200 euros para Alicia Tomás —por reiteración en dos sesiones— y de 600 euros para Pinto y Navarro, que participaron en una de ellas. La sanción se basa en una infracción considerada grave por falta de respeto institucional al alcalde, al entender que el mensaje de las camisetas era ofensivo y dirigido personalmente contra él.

En relación con estos hechos, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, defendió públicamente su actuación al vincular el contenido de las camisetas con una víctima concreta. Según explicó durante el pleno de abril de 2025, la persona afectada por una violación a la que hacía referencia la polémica había solicitado expresamente retirar del orden del día la moción sobre su caso y se había sentido “engañada” por Vox. 

Ballart justificó la suspensión del primer pleno como un “mal menor”, asegurando que no afectó al funcionamiento del Ayuntamiento ni condicionó decisiones de ciudad. Asimismo, consideró que el lema exhibido suponía un ataque personal y una falta de respeto institucional, lo que motivó la expulsión de los concejales en la segunda sesión y la apertura del expediente sancionador.

Desde Vox Terrassa, sin embargo, sostienen que su acción constituía una protesta política legítima y acusan al gobierno municipal de utilizar el régimen sancionador para “perseguir” a sus representantes por denunciar la inseguridad y los delitos contra la libertad sexual en la ciudad. Tomás ha afirmado que acudirán a la vía judicial al considerar que existe una “persecución política” promovida por el alcalde y respaldada por los servicios jurídicos municipales.

Los datos del Ministerio citados corresponden a periodos acumulados y no a ejercicios cerrados

La formación ha vinculado su protesta a datos sobre criminalidad, asegurando que, según cifras del Ministerio del Interior, en Terrassa se habrían registrado 54 agresiones sexuales con penetración en el último año, lo que supondría un incremento aproximado del 8% respecto al periodo anterior. No obstante, cabe reseñar que estos balances públicos disponibles no ofrecen todavía una serie anual completa desglosada por municipio para el conjunto de 2024 y 2025, por lo que estas cifras se basan en periodos acumulados de “último año” y no en ejercicios cerrados.

El caso abre ahora un frente judicial que deberá dirimir si la actuación de los concejales se enmarca dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión o si, por el contrario, vulnera los límites del respeto institucional exigido en el funcionamiento de los órganos municipales de Terrassa.