El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó, en una conversación por mensajes con un exdirigente de CDC el 26 de octubre de 2017, que declarar la independencia de forma unilateral y activar el 155 de la Constitución podía ser "devastador para Catalunya" y que por ello iba a convocar elecciones para evitar la aplicación del artículo, lo que finalmente no ocurrió.
La exconsellera de Enseñanza ha considerado que es "insólito" que los parlamentarios catalanes negocien los presupuestos generales del Estado atendiendo a la situación de los dirigentes independentistas encarcelados.
Hace un año, el lehendakari actuó como mediador del Gobierno, contactando con eurodiputados nacionalistas, y con Puigdemont, para tratar de evitar el choque de trenes. Finalmente, Urkullu se sintió traicionado por Puigdemont.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, asegura que el conjunto del Govern comparte la ponencia política que ERC aprobó el fin de semana en su Conferencia Nacional
La ponencia política insiste en la necesidad de diálogo con el Estado, y asegura que la mejor opción sería una "salida a la escocesa", es decir, que Gobierno central y Generalitat negociaran la celebración de un referéndum legal y acordado.
La posible constitución del govern catalán, liderado por Carles Puigdemont, huido a Bruselas, debe ser considerada como consecuencia de la supervivencia de la ideología y de la aplicación de las matemáticas parlamentarias.
A pesar de tener internamente informes donde se admitía que el déficit de los fondos de la Seguridad Social era creciente, los altos cargos de la Generalitat no sólo prometían que iban a garantizar las pensiones, sino que además aseguraban que las iban a subir.
La medida es consecuencia de la admisión a trámite del último recurso presentado por el Gobierno central, que por vía del denominado incidente de ejecución de sentencia solicita que dichos acuerdos sean declarados nulos.
