La ministra Calviño niega que las hipotecas hayan subido por el cambio en la Ley Hipotecaria, pero el Banco de España achaca el aumento a la reforma legislativa.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Rivas que pide la nulidad del plenario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo celebrado el pasado 6 de noviembre.
Hasta ahora se han dado 4.618 familias, de las cuales 852 con derecho a justicia gratuita y asesoradas al efecto. De las 5.483 consultas generadas, 4.788 (87% del total) eran por contratos afectados por una cláusula abusiva. Los convenios de colaboración con los Colegios Profesionales de la Abogacía finalizan el 31 de diciembre de 2018.
Los votos particulares cargan contra el resto de magistrados que fallaron a favor del cliente en la primera decisión sobre quien debía pagar el impuesto de actos jurídicos y documentados.
La Audiencia Provincial de Madrid declara nulas todas las cláusulas firmadas en cualquier contrato hipotecario. Estipula que la retroactividad es total, en línea con el dictamen del TUE en diciembre de 2016.
Por su parte, el tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro se mantuvo estable en el 1,82% (referido al mes anterior).
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La decisión del Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de hipotecas, si los bancos o los clientes, y los cambios de criterio de los jueces hace tambalear la credibilidad del alto tribunal.
Lo que ha pasado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recuerda a lo sucedido con lo de Banca Catalana y la exculpación de Jordi Pujol i Solei.
Propone la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, con la intención de garantizar la seguridad jurídica "de todos y para todos".
El socio parlamentario de Pedro Sánchez llama a una "gran movilización cívica" y presiona al PSOE para que se pronuncie sobre el cambio de postura del Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal deroga la doctrina que aprobó hace menos de un mes y falla finalmente que sean los consumidores quienes abonen el impuesto hipotecario.
El TS estableció que es el banco y no el cliente quien debe abonar el impuesto, pero al día siguiente anunció que llevaría el caso a un pleno para confirmarlo.
El alto tribunal rechaza además resolver sobre la suspensión del Pleno de la Sala Tercera al estimar que esta medida cautelar solicitada por Podemos no procede una vez se rechaza la acción penal.
El acuerdo adoptado por la comisión es que los gastos se repartan entre bancos y consumidores, una postura defendida por PP, PSOE y Ciudadanos, frente al criterio de Unidos Podemos.
