Jueces y fiscales catalanes se unen para pedir mejores condiciones de trabajo

Jueces y fiscales piden mejoras laborales.

Unos 200 jueces y fiscales se han concentrado este miércoles en la Ciutat de la Justícia de Barcelona para pedir mejores condiciones de trabajo y una "mejor administración de Justicia", en palabras de la magistrada decana de Barcelona, Mercè Caso.

"Si estamos en mejores condiciones, será mejor la respuesta al ciudadano", ha indicado, y ha pedido tiempo para dictar resoluciones estudiadas y medios informáticos que no sean un obstáculo.

En un acto que se ha repetido en las sedes de toda España convocado por las asociaciones de jueces y fiscales, la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, ha destacado que dan inicio a las movilizaciones acordadas: una concentración en Madrid el 14 de abril, paros parciales de una hora -entre las 12 y las 13 horas- los jueves de cada semana durante un mes y, si no obtienen respuesta a sus peticiones, una huelga de las carreras judicial y fiscal el 22 de mayo.

Talón ha insistido que el acto de este jueves no tiene carácter asociativo y ha criticado las "deficientes condiciones profesionales que llevan a que este trabajo se tenga que hacer con un enorme coste personal".

Ha manifestado que, a pesar de que las carreras judicial y fiscal siempre se han caracterizado por la discreción, ven necesario exponer de forma pública sus reivindicaciones porque la sociedad "no puede desconocer" sus condiciones de trabajo.

La juez decana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Lidia Ureña, ha leído un manifiesto de apoyo a las 14 propuestas para la mejora de la Justicia de las asociaciones judiciales en las que reclaman al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que jueces y magistrados elijan por sistema de "elección directa y listas abiertas" a 12 de los 20 vocales del CGPJ.

También han pedido la creación de al menos 300 plazas de jueces y fiscales al año, y han destacado que España tiene "una tasa de jueces por habitante inferior a la media y asume una tasa de litigiosidad de las más elevadas de Europa".

Las reclamaciones incluyen una reforma de permisos y medidas de conciliación de la vida personal y familiar para jueces y magistrados, retirada de enmiendas a la LOPJ que "minan la independencia judicial y vacía de ciertas competencias al CGPJ", proceso de digitalización con equipos y programas adecuados, fijación de cargas de trabajo y recuperación salarial hacia niveles de 2010.

También han apoyado propuestas en el ámbito del ministerio público para la derogación de plazos máximos de instrucción mientras no haya medios necesarios, paralización de la implantación de la justicia digital hasta que se garantice el funcionamiento de los programas y equipos, atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

CONCENTRACIÓN EN LLEIDA

La protesta se ha repetido en Lleida, donde una veintena de jueces, magistrados y fiscales -entre ellos el juez decano, Eduardo Enrech- han participado en la presentación de las reivindicaciones en una sala de la Audiencia Provincial.

El fiscal jefe, Juan Boné, ha enumerado las protestas que pretenden llevar a cabo si no se da respuesta a sus 15 reivindicaciones, agrupadas en tres bloques dirigidas a reforzar la independencia judicial, modernizar la administración de justicia, racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, además de revisar el modelo de oficina judicial.