La CUP desvió fondos públicos para propaganda del referéndum ilegal

 

Los registros realizados a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017 tenían como objetivo obtener información sobre la organización del referéndum ilegal del 1-O, de allí, según el atestado policial, salieron miles de carteles para la difusión, publicidad y propaganda de la consulta que se iba a realizar.

Ahora, según consta en el 'Informe sobre la contabilidad específica de las subvenciones a los grupos parlamentarios' del Parlament correspondiente a ese año, se ha revelado que el partido justificó al Parlament gastos por valor de 168.666,63 euros para la "campanya referèndum". Así se llamaba la subcuenta donde se dirigió el dinero, que formaba parte de la cuenta principal que hacía referencia a la "publicidad, propaganda y relaciones públicas".

Así lo indica este informe elaborado por l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, el servicio de auditoría independiente del Parlament que ha fiscalizado los gastos y la percepción de ingresos de cada partido. 

Estos documentos, indican que el 92% de los fondos declarados a la cuenta de publicidad de la Cámara corresponden a estas aportaciones del partido anticapitalista dirigido, en ese momento, por la ahora huida de la justicia Anna Gabriel.

Destaca también que pese a que este informe está sobre la mesa del Parlament desde febrero de 2019, la Cámara aún no lo ha hecho público. Desde la presidencia, con Roger Torrent al frente, consideran que al tratarse de un documento interno no tiene porque salir a la luz y más teniendo en cuenta que ya se ha presentado el informe de contabilidad de 2017.

El caso es que no es la única información que revela la financiación de la campaña publicitaria del referéndum con fondos públicos, de hecho hay documentos que revelan como el acto de Junts pel Sí en el Teatre Nacional de Catalunya que dio el pistoletazo de salida a la propaganda de la consulta ilegal también recibió dinero procedente de las cuentas del Parlament.

Pese a todos estos informes y documentación, nada de esto se ha debatido abiertamente desde la Cámara catalana y eso que la ley es muy clara en este punto y recuerda claramente que las asignaciones que reciben los diputados del Parlament no pueden "sufragar actividades ilícitas".