Un informe denuncia que se han producido 18.093 ejecuciones extrajudiciales en la Venezuela de Maduro

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron esta semana un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.

El informe de 153 páginas, titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El nuevo documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles, el nuevo informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario.

Entre otros hallazgos, el informe:

- Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.

- Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.

- Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas, que encontraron 7 millones de personas necesitadas y más de 100,000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24 por ciento de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.

- Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.

- Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.

- Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.

- Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

- Recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.

El informe también presenta presuntos delitos que no formaban parte del informe de 2018, incluidos "actos inhumanos" cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte. Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela.

Las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho en el país ya no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con total impunidad. La búsqueda de la justicia internacional es el único recurso que queda.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Denuncia que cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano, haciendo un llamamiento a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mistrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.

“Nuestro informe da vida al extraordinario sufrimiento del pueblo de Venezuela, infligido por Nicolás Maduro y su régimen. La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger. "Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos", agregó.

La OEA denuncia que "a pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores. Por ello, el resultado ha sido que  "el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad", alertan desde la Organización.