El déjà vú deseado

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés dejó blanco sobre negro sobre cuánto dinero público fue a parar a actividades relacionadas con "el  procés" y en qué conceptos.

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raul Romeva y Dolors Bassa fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos, por invertir o comprometer millones de euros de las arcas catalanas en el procés. Durante ese mismo periodo Catalunya sufrió los mayores recortes sanitarios, y fué  durante el ‘procés’ 1.0.  La sanidad catalana perdió concretamente 2.400 profesionales y más de 1.100 camas hospitalarias durante los gobiernos de Artur Mas. Porque fué la sanidad catalana uno de los sectores más perjudicados por los hasta tres adelantos electorales consecutivos que se produjeron en  Catalunya desde 2012 a causa del procés. Procesos electorales que costaron muchos millones de euros.

Además  el segundo Gobierno de Artur Mas, hay que recordar que contaba con el favor de ERC, su socio de gobierno, que apoyó unos presupuestos que consolidaban los recortes ejecutados en 2011 e incluso salvó a Boi Ruiz de la reprobación en el Parlament.

EL SUPREMO ROTUNDO: SE DESVIARON FONDOS PÚBLICOS PARA PAGAR LOS GASTOS DEL PROCÉS

A los jueces del Supremo en su sentencia no les quedó la menor dudad de que al menos cuatro miembros del Govern, tuvieron una "consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos. Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron careciendo de cobertura presupuestaria", se dice en la sentencia.  Y lo hicieron de la suficiente cantidad para superar la barrera legal de los 250.000 euros invertidos.

Entre otros gastos, el Supremo cifra por ejemplo 43.341 euros en pagar la estancia de diputados internacionales para legitimar el referéndum, 177.304,90 euros en pagar a los llamados observadores internacionales" y  cientos de euros en encargos a la empresa UNIPOST.

Con el fallo de esta sentencia se remitió al Tribunal de Cuentas "a los efectos de reclamación de la responsabilidad civil a aquellos acusados que han resultado condenados por un delito de malversación de caudales públicos".

Y un detalle  en esta sentencia no todos los exconsellers del Govern  fueron condenados por este delito. Solo cuatro de nueve. Ni  Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borràs ni a Carles Mundó se les condenó por malversación de fondos públicos. 

En la sentencia del Tribunal Supremo se explica que los miembros del Govern finalmente condenados por este delito no solo ejecutaron actos de "manifiesta deslealtad" en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente mediante el decreto de 6 de septiembre de 2017 de 108 páginas. 

Por lo que los magistrados del Supremo hablaban de "consorcio delictivo" y consideraron probada una "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" en gastos para:

1. Publicidad institucional.

2. Organización de la administración electoral.

3. Confección del registro de catalanes en el exterior. 

4. Material electoral.

5. Pago de observadores internacionales.

6. Aplicaciones informáticas. 

Y  todas estas iniciativas supusieron "gastos ajenos a cualquier fin público lícito" y se ordenaron "careciendo de cobertura presupuestaria" y que fueron canalizados a través de la estructura de:

1.  Departamento de  Vicepresidència y Economia. 

2. Departamento de Presidència.

3. Departamento de Exteriors.

4. Departamento de Treball.

5. Departamento de Salut.

6. Departamento de  Cultura.

Por lo que la distribución se hizo de la siguiente manera:

1. A Raúl Romeva se le atribuyen todos los pagos vinculados con el Diplocat

2. A Jordi Turull los canalizados a través de la 'conselleria' de Presidència (como las campañas de publicidad y la web referendum.cat) 

3. A Oriol Junqueras el coste, entre otros, de las visitas de parlamentarios europeos y la contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales. 

4. A Dolors Bassa se le imputan las tareas de impresión de las papeletas que iban a ser usadas en la consulta referendaria y la asunción de una de las cinco partes en las que se fraccionó el encargo a la empresa Unipost.

EL SUPREMO AFIRMÓ QUE CRISTOBAL MONTORO NO CONTROLÓ SUFICIENTEMENTE A LA GENERALITAT

Y como el Supremo no se dejó nada en el tintero:  "Se evidencia, una vez más, la deliberada ocultación de aquellos gastos efectuados o comprometidos en relación con el referéndum del 1 de octubre. Se acredita también la insuficiencia del control formal del Ministerio de Hacienda Pública- capitaneado por Cristobal Montoro- para detectarlos, aunque después de un detenido trabajo de fiscalización, hayan logrado aflorar alguna de las expensas realizadas a este fin".

Aunque en su declaración ante el Alto Tribunal el ahora ex Ministro de Hacienda Cristobal Montoro reconoció que la Generalitat había estado sometida a partir de septiembre del 2017 al control de "todos los gastos y créditos" para garantizar "la legalidad" en el uso de los fondos percibidos por el Estado.  Desveló  que en el 2017 el secretario de Hacienda presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado y otras tres ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas por el presunto uso de dinero público para la organización del 1-O.

Llegando a asegurar que una "cosa es el control contable y otra las investigaciones, a la vez que ha apuntado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont podría haber "defraudado y engañado" en el uso de fondos públicos para la consulta. Incidiendo:  "¿Cómo no va haber malversación se si han utilizado locales públicos". Llegando a matizar sus declaraciones en un medio de comunicación de "que no se destinó ni un euro al referéndum unilateral", diciendo que se refirió a que veía "incidios de prevaricación" porque unos funcionarios estaban convocando una consulta ilegal donde se abrian locales de titularidad pública y eso "era utilización de recursos públicos". Su intención, según precisó, era "trasmitir a todos los españoles" que no podía "hacerse materialmente la consulta soberanista", ya que la Generalitat estaba intervenida y no tenía presupuesto.  Sobre las explicaciones de la administradora concursal del empresa Unipost de que no se cobró la elaboración de material electoral encargada por la Generalitat, ha explicado que "había intención de pago", pero que no se produjo porque la Administración catalana se encontraba en esos momentos intervenida y controlada por el Estado. En la entrada y registro practicado en la sede de esta compañía se hallaron una serie de facturas. 

El exministro también declaró que "una análisis presupuestario siempre puede ser engañoso y que para eso están las investigaciones policiales y judiciales". Ademas, añadió que "también" instó a la abogada del Estado a que se personara en los procesos judiciales. "Me preocupa porque temía por el patrimonio público", concluyó Montoro.

LAS CANTIDADES MALVERSADAS SEGÚN LA SENTENCIA DEL SUPREMO

En cuanto a las cantidades malversadas ha habido diferentes opiniones: 

1. El Supremo consideró acreditado que la malversación superaba ampliamente los 250.000 euros, cifra a partir de la que se considera tipo penal agravado. 

2. La Abogacía del Estado calculaba 1,9 millones de euros 

3. La Fiscalía lo elevaba a tres millones. 

4. Vox la situaba en 4.279.985,03 .

La reclamación de las cuantías corresponde en nuestro ordenamiento jurídico a la Abogacía y la Fiscalía del Estado, y ambos pidieron remitir la sentencia al Tribunal de Cuentas quién como ya hizo con el Govern de Artur Mas por el 9-N del 2014 porque tiene esta responsabilidad civil en cuestiones de  malversación. Siendo en su analisis un organismo independiente y facultado para tal fin por la Constitución Española de 1978. Por ello el Tribunal de Cuentas es el  órgano  supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público, DE TODO EL SECTOR PÚBLICO. Y es INDEPENDIENTE del Poder Ejecutivo y se encuentra VINCULADO directamente a las Cortes Generales y solo a las CORTES GENERALES.

Y como se relata en su historia "aún cuando no pueda establecerse una relación directa con el Tribunal de Cuentas, tal y como está configurado en la actualidad, los antecedentes más remotos de la actividad de control económico-financiero del ámbito público se sitúan en la Alta Edad Media. En este contexto, cabe señalar la existencia de figuras como la del Mayor in Domus, recogido en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, el Contador Mayor en la Corte castellana y el Maestre Racional en el Reino de Aragón".

UNA SENTENCIA DE 493 PÁGINAS

Con esta sentencia del Supremo se puso  fin a dos años de proceso judicial que arrancó el 16 de octubre de 2017 con el encarcelamiento de los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Y continúo dos semanas después, con la querella de la Fiscalía General del Estado contra todo el Gobierno de Carles Puigdemont y los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron que se votara la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017 . Cabe recordar que esta fue aprobada por 70 votos a favor, 2 votos en blanco y 10 votos en contra, habiendo abandonado el pleno antes de la votación los 53 parlamentarios de partidos Ciudadanos, Partido Popular y  PSC.

Esta declaración disponía la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y el inicio del "proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante". El Tribunal Constitucional de España suspendió la declaración el 31 de octubre de 2017 y dictó su inconstitucionalidad el 8 de noviembre de ese mismo año, al afirmar que vulneraba los artículos 23 de la Constitución española y el 29.1 del Estatuto de la autonomía catalana.112

El artículo 23 de la Constitución española dice:

El artículo 29.1 del Estatut de Catalunya dice esto otro:

Pero la sentencia tenía muchos más matices. ¿Hubo violencia durante el procés? La respuesta del Tribunal Supremo es clara: sí, la hubo.  La resolución concluye que se produjeron “indiscutibles episodios de violencia”, especialmente durante la jornada del referéndum del 1-O. 

¿En qué consistió la desobediencia de los condenados? Aunque el Supremo decidió condenar por el delito de desobediencia a los únicos tres procesados no castigados con penas de cárcel—Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó—, los magistrados consideran que todos ellos incurrieron en la desobediencia civil para “arrogarse el monopolio de interpretar qué es lo legítimo”. El análisis de los jueces entiende la desobediencia civil como un “patrimonio irrenunciable de toda cultura política madura”; pero afirma que, si se llegara a admitir que "cualquier persona que no comparta una decisión judicial está habilitado para impedir su cumplimiento y desoír a los poderes públicos legítimos”, su “planteamiento absolutista” de las ideas “condena a quienes se sitúan al lado de la ley”. 

Finalmente el Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Bélgica, al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación. 5,4 MILLONES DE EUROS.   De los cuales 5,1 ME corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Como ya anticipaba la sentencia del Supremo se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos públicos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones .

1.- A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras  se les adjudica 1,9 millones de euros 

2.- A Raúl Romeva 2,1 millones de euros

3.- A Artur Mas 2,8 millonres de euros. 

Y todas las cuantías se corresponden a los periodos temporales de desempeño del cargo de cada uno de ellos.

Todas ellas se sumarán a los 4,1 ME que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista gracias a la llamada "Caixa de la Solidaritat".

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRIETA A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS

Durante el trámite de este martes en el Tribunal de Cuentas, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que han tenido 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos ha usado 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representaran. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán ahora un plazo de 15 días para abonar el dinero.

En el acto estaban presentes también:

1. La Fiscalía.

2. La Abogacía del Estado.

3. Los representantes legales de la Generalitat.

4. Los representantes legales de Diplocat.

5.  Abogados Catalanes por la Constitución .

6. Sociedad Civil Catalana.

RELACIÓN DE GASTOS RECLAMADOS

Los 14 conceptos por los que se reclama 5,1 millones de euros son los siguientes:

1. Los viajes al exterior del presidente y los consellers de la Generalitat (317.790,97 euros) 

2. Las actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea.

   2. 1. Las actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación (27.189,47 euros) 

   2. 2. Los encuentros con delegados (3.863,85 euros) 

   2. 3 Contratos varios otros 21.175 euros.

3. Los gastos de las delegaciones del Gobierno en el Exterior y ante la Unión Europea:

    3. 1 .- 3.22,48 euros por utilización de locales 

   3. 2.- 205.081,27 euros por los gastos en las delegaciones de Francia, Ginebra, Polonia, Alemania Reino Unido, Estados Unidos, EE.UU., Austria, Italia, Dinamarca y la Unión Europea relacionados con el proceso de autodeterminación. 

   3. 3.- Añade por falta documentación justificativa gastos en estas sedes por valor de otros 261.581,52 euros a lo que hay que sumar 

   3. 4.- Pagos injustificados (151.430,93 euros),

  3. 5.- Servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.554,76 euros) 

  3. 6.- Gastos en atenciones protocolarias y representación (32.844,24 euros).

4.-  Gastos en contratos de las delegaciones de Estados Unidos (92.843,61 euros)

5.- Contratos en las delegaciones en Ginebra y la Unión Europea con HCSS (123.500 euros)

6.- Gastos de personal en estas delegaciones por valor de otros 127.813,54 euros.

7.-Actividades de promoción del proceso soberanista a través del Patronat de Catalunya y el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)

7.1.- Actividades tanto parlamentarias como académicas, culturales y deportivas por un total de gasto de 451.487,86 euros

7.2.- Implicación de la Sociedad Civil Catalana" en debates europeos y "observación electoral" por 152.578,87 euros.

8.- Gastos por visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas, comunicación y promoción en red se reclaman una de las cantidades más altas, un total de 932.125 euros

9.- En el el personal del Diplocat aparecen gastos:

9.1.- La demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina de Lleida (80.232,96 euros) 

9.2.- La plaza de jefe de prensa por 134.286,76 euros.

10.- Gastos por el contrato con la empresa Independt Diplomat por 1.392.300 euros 

11.- El contrato de arrendamiento del inmueble de Bruselas por 17.154,38 euros. 

12.- Diplocat también gastó, según ha cifrado el Tribunal de Cuentas, en una empresa de trabajo temporal 6.061,21 euros 

13.- Difusión de una conferencia sobre "un nuevo paradigma económico de Catalunya" 44.970,16 euros.

14.- Gastos en subvenciones del Diplocat 422.056,66 euros.

En total 5,1 millones de euros más sus intereses.  Y esta es solo la causa del Diplocat. 

LOS OTROS CASOS JUDICIALES ABIERTOS EN CATALUNYA 

Pero todavía hay más porque el periplo judicial de algunos de los presos y el de varias de decenas de otros altos cargos, empresarios y activistas imputados solo acaba de empezar.

Siguen pendientes en varios juzgados de Barcelona causas contra antiguos miembros del Govern que presidió Carles Puigdemont, tanto consellers como secretarios, mossos o cargos directivos de los medios públicos catalanes con delitos imputados de  malversación de fondos públicos, prevaricación o desobediencia.

Operación Volhov: 30 detenidos por desvío de fondos al independentismo

En octubre del año pasado la Guardia Civil llevó a cabo una gran operación en Barcelona y Girona, que se saldó con 31 registros y 21 de detenidos del entorno de Carles Puigdemont, bajo cuyo Gobierno se organizó el referéndum independentista del 1-O. Entre los detenidos estaban el director de oficina del expresident Josep Lluís Alay, el exconseller de ERC, Xavier Vendrell, el empresario, Oriol Soler y el que fuera mano derecha de Artur Mas y exdirigente de CDC, David Madí. Todos quedaron en libertad tras la detención. Pero el juez investiga si utilizaron dinero público para financiar la estructura del expresident en Bélgica. Además también les sitúa  como impulsores de Tsunami Democràtic, el movimiento que capitalizó las protestas contra la sentencia del 'procés'. Las detenciones llegaron en el marco de la Operación Volhov, dirigida por el titular del Jugado de instrucción 1 de Barcelona, que investiga una supuesta trama de desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona y la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas.

La 'causa del 13'

Conocida por ese nombre por haberla llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, esta causa investiga los preparativos del referéndum. Están imputados unos 30 exaltos cargos del Govern, funcionarios y empresarios bajo los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

Entre ellos está el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, o los ex altos cargos del Govern Antoni Molins o Francesc Sutrías, entre otros. También está procesada la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach y los directores de TV3 y Catalunya Radio, Vicent Sanchís y Saül Gordillo.

Imputación de Jové y Salvadó

Los preparativos del 1-O llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a procesar a los diputados de ERC Josep Maria Jové -miembro de la mesa de diálogo con el Gobierno- y a Lluís Salvadó. El primero, exsecretario de la vicepresidencia y mano de derecha de Oriol Junqueras, y el segundo, exsecretario de Hacienda. Ambos tuvieron una "participación activa" en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas "estructuras de Estado", según un auto de la magistrada Maria Eugenia Alegret.

El registro de la conselleria de Hacienda, el 20 de septiembre de 2017, por parte de la Guardia Civil, llevó a una primera detención de Jové y Salvadó y a una gran protesta que pretendía impedir tal registro, clave en la condena por sedición de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La imputación de los dos exsecretarios, en febrero del 2020, supuso una oleada de críticas al Gobierno por parte de la oposición, que acusó a Sánchez de negociar con procesados por prevaricación y desobediencia.

Investigación contra Romeva por "internacionalizar" el 'procés'

En mayo del 2021  una juez de Barcelona abrió una investigación contra Raúl Romeva y otros nueve cargos del que era su departamento, Acción Exterior. Se les acusa de malversar casi un millón de euros de fondos públicos para "internacionalizar" el 'procés' mediante contratos a dedo y arbitrarios. La investigación deriva de una querella que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial, y se centra en once contratos y subvenciones otorgadas entre 2012 y 2017.

La escolta de Puigdemont en Bélgica

En 2019 la Fiscalía se querelló contra el exconseller Miquel Buch por la escolta que destinó a Puigdemont en su huida de España a Bélgica tras la Declaración Unilateral de Independencia. En su querella, que también se dirige contra el sargento Lluís E., la Fiscalía acusa a Buch de los delitos de prevaricación y malversación, y cifra en 52.712 euros la cantidad presuntamente desviada por la remuneración que el agente recibió mientras ejerció de asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019. La Fiscalía considera que el nombramiento del sargento como asesor de Buch respondía "única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección" a Carles Puigdemont, en busca y captura por haber eludido un llamamiento judicial, lo que en opinión del ministerio público es incompatible con los fines que la Constitución impone a la administración.

Centenares de investigados por las protestas

Además  cientos de manifestantes y activistas independentistas se enfrentan muchas causas por participar en algunas de las protestas de estos últimos años bajo las acusaciones de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad pública. Òmnium cifra en 3.000 a todas estas personas que participaron en el referéndum o en las protestas posteriores, como las del Tsunami Democràtic cuando se conoció la sentencia de los líderes del 'procés'. Entre ellos cuentan también a los miembros del Govern "exiliados", el CDR Adrián Carrasco o el rapero Valtònyc.

LA CAIXA DE SOLIDARITAT  YA HA ABONADO 15 MILLONES DE EUROS

La entidad conocida como "Caixa de Solidaritat", desde el 9-N, ha pagado casi  15 millones de euros en los tribunales pero según han afirmado este mismo martes " aumentan la cuantía en cada procedimiento para que sea imposible cubrirlo.” Fuentes de la entidad aseguran que la Caixa de Solidaritat no está a cero, “pero casi”, y que la prioridad tiene que ser cubrir “la constante represión a aquellos a quien les imponen multas por hacer uso de derechos fundamentales como  la libertad de expresión y de manifestación”.

Y es que la  Caixa de Solidaritat  ya sabe qué es abonar grandes cantidades de dinero al Tribunal de Cuentas. Pagó una parte de la sanción de 4,9 millones que el órgano impuso a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Y hace poco, también pagó la fianza de 4,1 millones al Tribunal de Cuentas que se impuso a los presos políticos por haber organizado el referéndum del 1-O.

¿QUÉ VOLVERÁN A HACER?

"Lo volveremos a hacer" gritaban los indultados del "procés" al salir de tres cárceles distintas en Catalunya hace algunos días. Y mientras les escuchaba me preguntaban ¿ Volverán a desviar millones de euros de las arcas públicas para un procés 2.0?.  ¿Desviar tal cantidad de dinero de partidas presupuestadas hacía conceptos no previstos para sitios tan diversos y durante tantos años como se le llama?, ¿ajuste de cuentas como ha afirmado este martes Artur Mas o malversación?.   ¿ Sin fondos en la Caixa de Solidaritat que pasará con los más de 3.000 personas que se lanzaron al vacio de una piscina sin agua? ¿Qué será de estos, los otros y de todos nosotros?

Por tanto: "Lean, reflexionen y vuelvan a leer". Y repitan el proceso durante varios días. Catalunya es mi  hogar, pero ¿por cuanto tiempo viviremos en déjà vú?. 

Y mientras muchos  juegan con lo de "todos" desde hace 10 años, sin miramientos, aquí y allá, ¡que se dice pronto!, hay una Catalunya que levanta la persiana cada día. Una Catalunya fuerte, peleona, imaginativa, valiente, resiliente, abierta, solidaria, humana, dialogante, paciente, generosa, con personas centradas en lo importante. "Haberlas, haylas" os lo prometo. ¡Ánimo porque todos los días sale el sol! y un día quizás el déjà vú será la PAZ. Ese seria el déjà vú deseado y ningún otro.