Economía federal

Lluís Rabell
Traductor, activista y político

La guerra en Ucrania se alarga dramáticamente. Y, con ella, se acrecientan las dificultades para la economía europea. El propio conflicto, con el granero del mundo como teatro de operaciones bélicas, así como las sanciones contra Rusia, estrechan las fuentes de aprovisionamiento en recursos energéticos y materias primas. La pandemia había generado ya notables cuellos de botella en los suministros necesarios a una producción que empezaba a reactivarse con cierto vigor. La inflación, que muchos economistas vaticinaban episódica, hizo su aparición hace ya unos meses. La guerra la ha disparado hasta niveles que no se habían visto desde la crisis petrolera de los años setenta del pasado siglo. El encarecimiento del gas, la electricidad y los alimentos erosiona el poder adquisitivo de salarios y pensiones. La industria se resiente de la penuria de suministros y del brusco incremento de los costos. Franjas enteras de la economía nacional – pescadores, agricultores, transportistas... -, cuyos márgenes dependen del precio de los carburantes, bordean el trabajo a pérdida. Con todo ello, las tensiones sociales se acrecientan por doquier. Por si fuera poco, eso ocurre con un Estado del bienestar altamente deteriorado por años de políticas neoliberales y en el marco de unas democracias liberales que sufren el asedio del populismo. Peor aún: éste se apresta a cabalgar la desazón y la ira que bullen en la sociedad para reconfigurar la democracia política en un sentido iliberal.


            En ese incierto escenario, las medidas adoptadas por los gobiernos envejecen, superadas por los acontecimientos, antes de que se haya secado la tinta de los boletines oficiales. ¿Cómo trenzar un pacto de rentas cuando los precios están descontrolados? Apenas anunciadas, las medidas anticrisis de Pedro Sánchez parecen ya insuficientes. Y, desde luego, nadie puede decir que no se batiera el cobre en Bruselas para lograr el reconocimiento comunitario de la singularidad energética ibérica. Pero el tiempo previsto antes de implementar el tope del precio del gas - apenas algunas semanas – se antoja insufrible. Todo va muy deprisa. Los mecanismos y dispositivos de la UE, diseñados en tiempos de dominio incontestable de los postulados neoliberales, aparecen inadaptados a los nuevos tiempos. Es cierto que la respuesta de la UE a la pandemia ha sido distinta a la de aquellas políticas de rigor fiscal que sumieron a los países del Sur en una grave recesión y supusieron un empobrecimiento de su población durante la última gran crisis financiera. Esta vez, no sin resistencias, acabó por imponerse un abordaje mutualizado de las dificultades y desafíos, los dogmas sobre el déficit de los Estados quedaron en suspenso y el BCE sostuvo sus políticas de estímulo de las economías nacionales.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una sesión plenaria, en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez @ep


            Pero ahora las coordenadas han cambiado. Las viejas recetas ya no sirven. ¿Qué puede hacer el BCE, cuyo mandato estatutario le conmina a mantener la inflación ligeramente por debajo del 2%? Subir los tipos de interés - con los precios desbocados, no como resultado de una demanda susceptible de ser moderada por un encarecimiento del precio del dinero, sino por culpa de la rarefacción de los suministros - no haría sino llevarnos a la tan temida estanflación: dinámica inflacionista sin crecimiento, precios por las nubes y producción por los suelos. Revelador del dilema en el que se encuentra el BCE ha sido el llamamiento de su presidenta, Christine Lagarde, para que los gobiernos de la UE adopten medidas de contención de los precios y de ayuda a los colectivos sociales más afectados. La invasión de Ucrania suscitó una reacción ampliamente compartida por los miembros de la UE. Pero el corolario de la guerra y el efecto "rebote" de las sanciones contra el gobierno y los oligarcas rusos están abriendo grietas en la fachada de la unidad europea. Costó lo indecible lograr un permiso temporal para que España y Portugal se descolgaran del mecanismo "marginal" de fijación del precio de la electricidad. Alemania, cuya demanda de gas ha devenido estratégica tras su apuesta por cerrar las centrales nucleares, priorizaba ante todo el abastecimiento. En cambio, Francia, que se orienta hacia un programa de centrales nucleares de nueva generación, no manifiesta el menor interés por la construcción de un gasoducto que conecte España con el centro de Europa.


            Pronto se verá, sin embargo, que no hay soluciones nacionales ante la situación que se nos viene encima. Ni siquiera para aquellas economías cuyo PIB tiene mayor magnitud. Los gobiernos del Sur son sin duda más conscientes de la necesidad de cooperación. La complicidad entre Pedro Sánchez y Antonio Costa va más allá de la sintonía entre socialdemócratas ibéricos. Italia, con un peso específico superior al de España y Portugal, requiere la ayuda de España para aprovisionarse en gas... y España, necesitada de amigos en las instancias comunitarias, se la brindará sin dudarlo. En Francia, la ilusión de una autosuficiencia nacional es muy viva. Incluso la izquierda crítica, siempre dispuesta a denunciar la nomenclatura de Bruselas, es cautiva de ese marco mental. Sin embargo, basta con que salte por los aires un contrato de venta de armas a Australia para que la "grandeur" quede en entredicho. El corsé de la moneda única, unido a la exigencia de austeridad, resultó muy beneficioso para las exportaciones y las finanzas alemanas. Pero esa inmensa ventaja podría convertirse en un talón de Aquiles, si el mercado europeo se hundiese en la recesión... mientras la inflación y los conflictos sociales se adueñan del principal bastión industrial del continente. La verdad es que nadie podrá salir del atolladero por sí solo. Otra cosa es que la toma de conciencia de esa realidad – y una actuación consecuente – se produzcan a tiempo.


            Vivimos un momento de aceleración. Lo que antes podía plantearse como una perspectiva, ahora se convierte en una disyuntiva que reclama ser resuelta en el corto plazo. Las corrientes federalistas siempre han defendido que la construcción europea debía alcanzar su plenitud en la conformación de unos Estados Unidos de Europa. Ese anhelo puede parecer inalcanzable ante la tozuda realidad de los Estados e intereses nacionales. Pero, si no hay serios avances hacia una Europa federal, la UE difícilmente podrá aguantar el embate de los acontecimientos que se avecinan. A pocos días de las elecciones presidenciales francesas, algunas encuestan vaticinan un duelo, muy ajustado y de incierto desenlace, entre Macron y Marine Le Pen, aupada en los sondeos por un descontento general que exige medidas contundentes. Un proyecto nacional populista, de extrema derecha y que fue auspiciado por Putin, se postula al gobierno de un país fundador de la UE. El enemigo está ya "a las puertas" de la democracia tal como la hemos conocido.


            Pero, en cierto modo, los propios avatares de esta crisis señalan el camino que habría que seguir. El BCE necesita urgentemente un nuevo mandato, que le permita actuar de un modo similar a la Reserva Federal americana, en relación directa con los Estados de la Unión. La contención de la presión de los mercados internacionales requiere mecanismos de compra mancomunada de suministros para el conjunto de la UE, como empezó a hacerse durante la pandemia para la adquisición de vacunas. La crispación social no podrá reconducirse con admoniciones democráticas. Es imperativo avanzar hacia una armonización de la fiscalidad y un destierro efectivo de los paraísos fiscales, si queremos recomponer los servicios públicos, barrera de contención de la desesperanza. Europa debe ser percibida como un territorio de derechos sociales efectivos, con medidas como el establecimiento de un salario mínimo europeo. Asimismo, el presupuesto de la UE debería dar un salto hacia adelante, de tal manera que pudiese financiar infraestructuras comunitarias, proyectos y planes educativos ambiciosos. Un mes de guerra ha mostrado lo limitado de una voz autónoma ante un conflicto que ha estallado en las fronteras de la UE. Sin instancias más resolutivas y una doctrina de defensa europea propia, la OTAN, percibida en estos momentos como una alianza protectora por los países que viven bajo la amenaza del expansionismo ruso, no será más que un instrumento de sumisión a la política exterior de Estados Unidos.


            Desde luego, una evolución federal de la UE está condenada a topar con poderosas resistencias internas. Los actuales desequilibrios tienen sus beneficiarios, y éstos estarán dispuestos a blandir la primacía del "interés nacional" por encima de cualquier otra consideración. En la opacidad de los paraísos fiscales, las grandes fortunas autóctonas se codean con el crimen organizado y los oligarcas. Con el actual sistema de fijación de precios, los oligopolios eléctricos disponen de barra libre. Las entidades financieras han adquirido poder y capacidad especulativa en su intermediación entre el BCE y los Estados emisores de deuda. Todo eso es cierto. Sólo en la izquierda, hoy aún desconcertada, existen las tradiciones y fundamentos requeridos para trazar ese nuevo rumbo federal para Europa. A su vez, sólo un ascenso amenazador de la presión popular podrá vencer la resistencia de las élites corporativas. La conflictividad está garantizada, se manifiesta ya en las calles. Lo que estará en cuestión en la próxima etapa será la capacidad de la izquierda para orientar esa energía. Si se muestra incapaz de hacerlo, será el populismo quien se haga con ella y la formatee con un discurso de odio. Federalismo europeísta o crispación nacionalista iliberal. En esa disyuntiva se decidirá el futuro de la democracia.


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