El camino a la paz del País Vasco

Robert Pastor

El fin de semana pasado, decenas de miles de personas en Bilbao y unos miles más en Bayona, al norte, reclamaban una vez más el acercamiento de los prisioneros de ETA en el país de origen y la liberación de los que sufren enfermedades graves. Una reivindicación de tono bastante más bajo que el anterior de amnistía.


Vaya por delante que la seguridad jurídica demanda la detención y juicio de todos los miembros o antiguos miembros de la organización con causas pendientes. Como es necesario el esclarecimiento de los crímenes aún no resueltos y el resarcimiento, al menos moral, de las víctimas.


Pero no es menos cierto lo que reconocía en unos cursos de verano de la Complutense de Madrid el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, cuando decía que las condenas a miembros de ETA han sido «altas y desproporcionadas» y, además, «hay un régimen de cumplimiento (de sus) penas totalmente desigual en relación con el resto de presos».


Es generalmente reconocida la distancia entre el fin de la violencia, que comienza a parecer definitivo del todo después de cuatro años sin atentados, y la verdadera paz. El mismo magistrado añadía en este sentido, pero que «no es exigible la petición de perdón, aunque sí reconoció el daño causado». En todo caso, añadía el juez: «Sin violencia, a pesar de que se niegue, existe un proceso de paz que debe desembocar en un proceso de reconciliación».


Otro juez, el de vigilancia penitenciaria, complementaba las ideas: «Los beneficios penitenciarios no pueden ser considerados beneficios, sino más bien derechos de los internos, como el acercamiento a cárceles del lugar de residencia o los permisos de salida de los centros donde cumplen condena ».


El cierre del gobierno del PP a aplicar el régimen penitenciario ordinario en estos recluidos y mantenerlos lejos de sus familias no ha impedido que, con avales de la justicia, el número total de los que aún continúan encarcelados, entre España y Francia (donde también están alejados, la mayoría en la región de París), ha pasado de los 755 de 2008 a los 402 de ahora.


Por otra parte, detenciones, juicios y sentencias pueden ser, ya menudo son, las soluciones definitivas para resolver definitivamente situaciones personales de proscripción, persecución, marginación e imposibilidad de reinserción a la sociedad.


En la manifestación de la capital de Vizcaya, además de la anecdótica presencia de los miembros de la CUP hay hacia algunas de fuerza significativas como de la viuda del ertzaina víctima mortal de ETA Joseba Goikoetxea, el ex consejero de justicia Joseba Azkarraga, ex dirigente del PNV o la ex consejera en el gobierno del ahora presidente del Congreso, Patxi López y también socialista Gemma Zabaleta.


Que el clima de normalidad política y social se ha instalado hace tiempo al conjunto de Euskal Herria es algo que han constatado ciudadanos residentes y visitantes. Y a falta de la consecuente traslación de la nueva realidad a la política policial y penitenciaria españolas, los pasos hacia la paz continúan.


Este miércoles mismo, en la Audiencia Nacional, el pacto entre la fiscalía, las acusaciones particulares, las defensas y los encausados ha permitido que los 35 miembros de antiguas formaciones herederas de Batasuna Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista (ANV) hayan reconocido que fueron «instrumentalizados» por ETA, así como los daños causados, además de renunciar a «toda violencia».


Con los atenunats de estas declaraciones, y del tiempo excesivo transcurrido entre que fueron imputados y el juicio (cinco años) todos han recibido penas de entre ocho meses y dos años, que los libran de entrar efectivamente en prisión. Trenta.cinc internos potenciales menos. Pero Arnaldo Otegi sigue. Para muchos, inexplicablemente.

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