domingo, 15 de septiembre de 2019

Otegi, no del todo libre

Robert Pastor

finalmente, Arnaldo Otegi salió de la prisión de Logroño. Liberado, pero no con todos sus derechos ciudadanos recuperados, es decir, no libre del todo.


Repasamos su caso, y las perspectivas de futuro, personales y las dela Comunidad Autónoma de Euskadi que ya ha comenzado a preparar las elecciones propias, previstas para noviembre de este año.


El líder de la llamada izquierda abertzale fue detenido con la acusación de intentar la reconstrucción de la antigua Herri Batasuna, con un nombre más. Con este objetivo se reunieron una serie de dirigentes de este espectro político al caserío de Bateragune, todos los cuales fueron identificados y capturados por las fuerzas de seguridad españolas.


Mientras cada vez más grupos sociales y políticos fueron añadiendo a la consideración de que, junto con el proyecto político, el encuentro quería servir también para acabar con las acciones de violencia de ETA, pasando de la «lucha armada» a la reinserción social y en el ámbito de la política democrática.


El gobierno el PP, la fiscalía y los magistrados de la Audiencia Nacional lo vieron de manera muy diferente. Arnaldo y los colaboradores lo que hacían era seguir las órdenes del grupo terrorista del que, incluso, el hasta ayer interno en la prisión de Logroño fue calificado de dirigente.


La primera sentencia lo reconoció en este papel de liderazgo de los activistas armados, y le aplicó una condena de diez años de prisión, seguida de rehabilitación para cargos púbicos durante unos cuantos más.


El Tribunal Supremo corrigió en parte la calificación y el castigo, todo rebajándolo de dirigente miembro de la organización, y el tiempo de cárcel de diez a seis años y medio.


En una oportunidad anterior recogíamos las opiniones que un juez de la misma Audiencia Nacional se atrevió a hacer públicas (quizás porque ya se comprobaba el fin de los atentados) en el sentido de que las condenas por terrorismo habían sido excesivas, discriminatorias, y también la política penitenciaria de dispersión y alejamiento de los penados y de retención hasta cumplir la práctica totalidad de las condenas, a diferencia de los tratos aplicados a cualquier otro delincuente, incluidos los autores de crímenes especialmente odiosos y creadores de no menos alarma social.


A modo de ejemplo se decía que el mismo hecho -cremas un contenedor de basura o un cajero automático- en cualquier lugar de la Península se consideraba un delito menor contra el orden público, excepto en Euskadi, donde automáticamente se convertía acción terrorista.


De hecho, desde el final efectivo de la violencia etarra, el gobierno Rajoy, -para algunos de sus miembros afines- «todo es ETA» si plantea protesta y discrepancia- ha mantenido la misma política de persecución sin excepción de los supuestos autores crímenes pasados, y de excepcionalidad en la negación de derechos a los presos.


Una rigidez que no ha sido del todo compartida por el sistema judicial y, en todo caso, entre reconocimiento de arrepentimientos explícitos y condenas de la violencia, de circunstancias especiales tales como enfermedades terminales, y el paso del tiempo implacable, en estos últimos años la población penada de ETA y el entorno se ha reducido, entre centros de Francia y España, de unas 700 personas a pocas más de 400.


Esta tendencia no ha afectado en absoluto a Otegi, a pesar de las voces cada vez más numerosas y de colores políticos diversos que han reiterado las demandas de liberación, individuales o en manifestaciones nutridas. Ni siquiera le concedieron la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la pena, como la gran mayoría de reos.


Algunos lo ven ahora como un firme candidato a lehendakari de los vascos. Pero la inhabilitación accesoria le priva de esta posibilidad, si no se la levantan. Y si no lo hacen con suficiente tiempo para hacer una campaña electoral normal y completa. Si le restituyeran a tiempo los plenos derechos, pero, subsistirá la duda que sólo podrán aclarar las urnas: si estas alturas todavía es rentable como mérito ante los electores el haber pasado por la cárcel, como a finales de los setenta y, aún más, si el carisma evidente sería suficiente en el marco de un mapa político tan diversificado, con la nueva competencia directa de Podemos, que se demostró fuerte en las últimas generales.


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