La legalidad y la ética de algunos ayuntamientos

Hay noches que no duermo. Nada más levantarme me voy corriendo a consultar el Boletín Oficial de la provincia para enterarme de los cambios urbanísticos que mi ayuntamiento tiene previsto realizar en 'su' municipio, perdón, en el municipio de todos los ciudadanos y no del equipo de gobierno como ellos se creen. Como yo, todos los vecinos de Catalunya, España y del mundo mundial están pendientes de las informaciones "claras" de sus ayuntamientos en esta materia, que afecta a la arquitectura y a la vida en el municipio. No es un tema menor o, por lo menos, así debería ser.

Ya han pasado unos cuantos años desde la muerte del dictador, pero hay cosas que no cambian. ¿Quizás se lleva en los genes? Los equipos de gobierno que salen elegidos de las urnas, muchos de ellos con escasa formación intelectual y cultura democrática, se creen con el derecho de hacer lo que le venga en gana sin tener en cuenta a la oposición política y, mucho menos, a los ciudadanos a los que deben servir.

Con demasiada frecuencia se escuchan expresiones como: ¡he ganado por mayoría!, y por lo tanto, estoy "legitimidado" para hacer lo que quiera aunque ese "lo que quiera" vaya en contra de la opinión de los vecinos, a los que no consultan su opinión en temas importantes como el urbanístico, que afecta a la estructura arquitectónica de su barrio, la estética y la convivencia tranquila.

Perdón, el equipo de gobierno sí que avisa publicando en el Boletín Oficial de la provincia el tema, que es lo que marca ley -por cierto, poco democrática para estos tiempos-, como si todos los vecinos no tuvieran otra cosa que hacer que mirar a diario este canal informativo, sobre todo, la gente mayor que no dispone de ordenador o no sabe leer. ¿Por qué se utiliza este método?, está claro que cuando los "servidores" del pueblo quieren llevar a cabo una acción que no les interesa que los vecinos se enteren y puedan presentar alegaciones o montarles el pollo, van y lo hacen. No hay luz, ni taquígrafos, ni transparencia, por mucho que la prediquen. Es un método autoritario, falto de ética y propio de otras épocas que creíamos ya enterradas.

Tener la mayoría para gobernar o con acuerdos con otros partidos, no da derecho a hacer lo que se quiera, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. No es propio en democracia y es una más de las causas de la decepción de los ciudadanos con los partidos políticos. Falta mucha cultura democrática y sobra prepotencia, chulería y huevos de pascua.

Viladecans está viviendo desde hace demasiado tiempo estos métodos del equipo de gobierno que lo forman PSC y ICV, es decir, Carlos Ruiz y José Luís Atienza, el ecologista “jubilado”, que aprueba lo que le echen para seguir cobrando un magnífico sueldo, renunciando así a su pensión de jubilado muy inferior a su salario actual.

La construcción del edificio de la vergüenza del que venimos hablando hace ya un tiempo es un ejemplo más de la política "participativa" del equipo de gobierno. La construcción es un atentado ecológico, arquitectónico y estético contra la ciudadanía de Viladecans, que ha comprobado a posteriori la modificación de un plan del barrio del que los vecinos no habían sido informados "directamente", sino a través del Boletín Oficial de la provincia, ese que lee todo el mundo.

¿Por qué?, la respuesta la tienen muy clara los vecinos afectados. La siguiente pregunta sería, ¿a quién sirven Carlos Ruiz y José Luis Atienza? ¿A los ciudadanos?, es evidente que no. Todo muy legal, pero poco ético. La democracia es otra cosa, muy diferente. Falta más formación y cultura democrática.