Catalunya registra 3.039 agresiones sanitarias el 2025 y prepara multas de hasta 600.000 euros

La creciente tensión en los centros asistenciales ha situado la seguridad laboral en el centro de la agenda política y sanitaria, en un escenario marcado por el malestar social, la complejidad clínica y la percepción de impunidad ante determinados comportamientos.

El Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Catalunya ha contabilizado durante 2025 un total de 3.039 agresiones dirigidas al personal del sistema, según los datos a los que ha accedido Europa Press a través de la Conselleria de Salud de la Generalitat. La magnitud de las cifras activa una respuesta institucional que combina análisis detallado, reformas normativas y coordinación con los cuerpos policiales.

La magnitud de los incidentes

La mayoría de los episodios no implica contacto físico. El 89,37% corresponde a agresiones verbales o conductuales, prácticamente todas en el marco de la atención presencial, mientras que las físicas representan el 10,92% del total.

Las consultas concentran el 39,09% de los casos, seguidas de los puntos de admisión o información, con un 28,46%. La hospitalización agrupa el 14,15% y los servicios de urgencias, el 13,33%. En la mayor parte de las situaciones, los hechos se producen en presencia de otras personas, lo que, según el propio observatorio, evidencia “su impacto en el entorno asistencial”.

El perfil del agresor y las causas

En el 75,26% de los casos, el agresor es el propio usuario o paciente, mientras que los familiares o acompañantes suponen el 22,01%. Los hombres representan el 62,92% de los autores y un 26,19% corresponde a reincidentes, un dato que preocupa especialmente a las autoridades.

Las causas más alegadas están relacionadas con la atención percibida por parte del usuario (29,94%), seguidas de factores ajenos a la organización o a la asistencia (25,80%), de las demandas del usuario (18,13%) y de cuestiones vinculadas al propio acto sanitario o administrativo (17,67%).

En declaraciones a Europa Press, el director de profesionales de la Salud, Jordi Vilana, sitúa estos datos en un contexto de descontento social y creciente complejidad asistencial, además de una percepción de impunidad. “1 de cada 4 es reincidente”, advierte.

Las víctimas: mayoritariamente mujeres y personal de primera línea

El personal de enfermería encabeza la lista de afectados, con un 27,21%, seguido muy de cerca por el personal facultativo, con un 27,15%, y por el personal administrativo, con un 23,46%.

El 61,17% de los hechos se produce en la atención primaria, mientras que la atención hospitalaria concentra el 29,42% y las emergencias extrahospitalarias, el 9,71%.

Las mujeres representan el 78,18% de las víctimas, frente al 21,82% de los hombres, una proporción similar a la distribución de género del sistema público sanitario. Por grupos de edad, el tramo más afectado es el de 25 a 35 años, con un 33,60%, seguido de los segmentos de 36 a 45 y de 46 a 55 años, ambos con un 23,99%.

Un registro unificado para todo el sector

Hasta ahora, cada hospital ha informado de los casos de forma individual. De cara a 2026, la Generalitat despliega un registro unificado de agresiones que integra a todos los centros de Catalunya y que permite monitorizar la violencia y explotar los datos con herramientas como mapas de calor para orientar la prevención.

El proyecto, que tiene su origen en un acuerdo de Govern de 2022, está impulsado por el Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Catalunya, que agrupa a la Conselleria, sindicatos, patronales, consorcios, colegios profesionales, el Institut Català de la Salut y representantes de pacientes, entre otros actores.

Vilana explica que el objetivo es “tener una visión a nivel global de todo el sector”, incluyendo los ámbitos público, privado y concertado. Actualmente, la mitad de los proveedores ya está integrada, y la previsión es alcanzar el 100% del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya en el segundo o tercer trimestre de 2026, incorporando progresivamente al sector privado.

El refuerzo legal y la colaboración policial

La Generalitat prevé aprobar a lo largo de 2026 un decreto que dé cobertura jurídica al registro y tramitar una ley —en fase de memoria preliminar— que permita aplicar un procedimiento sancionador específico tras las agresiones.

La Conselleria estudia las cuantías tomando como referencia otras comunidades autónomas, donde las multas oscilan entre los 300 y 600 euros en los casos más leves y pueden alcanzar los 600.000 euros en los más graves.

Además, se intensifica la colaboración con los Mossos d'Esquadra, que podrán acceder al mapa de calor para anticipar actuaciones. Cuando un profesional denuncia una agresión, puede utilizar la dirección del hospital en lugar de su domicilio particular, y cada centro sanitario contará con un teléfono de referencia de los Mossos, una medida que se sistematiza en todo el territorio.