Junts impulsa un plan estatal gratuito para asesorar a pymes en inclusión laboral de personas con discapacidad
Una iniciativa legislativa busca que la Administración General del Estado financie un servicio de apoyo técnico para pequeñas y medianas empresas, garantizando entornos de trabajo inclusivos y accesibles, con criterios claros de asignación territorial y un plan de formación obligatorio si no se cumple la financiación en seis meses.
El objetivo es consolidar la igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la capacidad de las pymes para cumplir la cuota de reserva de empleo sin que recaiga la responsabilidad económica en las comunidades autónomas.
Una enmienda que apuesta por la inclusión real
Junts ha registrado en el Congreso una enmienda a la proposición de ley del PSOE destinada a impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante la cuota de reserva de empleo. Según la formación, recogida por Europa Press, “el objetivo es construir capacidad de cumplimiento de las pymes sin que ello recaiga en las comunidades autónomas, sino en los Presupuestos Generales del Estado”.
La enmienda plantea que la Administración financie de forma obligatoria un servicio gratuito de asesoramiento para pymes, abordando aspectos como la atracción y selección inclusiva, la implementación de ajustes razonables, la accesibilidad digital y el uso de medidas de apoyo existentes gestionadas por los servicios de empleo competentes de cada territorio.
Distribución territorial y criterios objetivos
El partido detalla que la cantidad destinada a cada territorio se asignará siguiendo criterios objetivos, que tendrán en cuenta la población, el número de empresas sujetas a la cuota de reserva y la realidad del empleo con discapacidad en cada comunidad autónoma. Esta medida pretende garantizar un reparto equitativo de los recursos y la eficacia de la asistencia técnica ofrecida.
Plan de formación obligatorio si falta financiación
Además, Junts ha incorporado una cláusula de activación que obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a diseñar, implantar y mantener un plan anual de formación en inclusión laboral si no se aprueba la dotación presupuestaria en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Este plan incluirá contratación y selección inclusivas, procedimientos de ajustes razonables, provisión de ayudas técnicas, accesibilidad digital en portales y documentación, así como medidas para prevenir la discriminación y asegurar un trato adecuado.
Un paso hacia la igualdad de oportunidades
Con esta iniciativa, Junts busca que las pymes cuenten con el acompañamiento necesario para generar entornos laborales inclusivos, fortalecer la formación en recursos humanos y selección, y garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso real a oportunidades de empleo dignas, sin que el coste recaiga sobre las administraciones autonómicas. La medida refuerza la visión de una política laboral más equitativa, moderna y sostenible a nivel estatal.
Escribe tu comentario