Para JxSí y la CUP, la ley del referéndum es la máxima expresión del mandato de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. 

JxSí y la CUP apelan a resoluciones de la ONU y del Tribunal de la Haya el proyecto de ley del referéndum de autodeterminación. Los partidos independentistas presentan a las organizaciones internacionales "la respuesta democrática a la frustración generada" por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del Estatut.

El Govern busca convocar el referéndum amparándose en la legalidad internacional según recogen en el preámbulo de la norma que publican diversos medios. Ellos defienden que la Constitución del 78 determina que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento interno. El Parlament ha expresado de manera "continuada e inequívoca" el derecho de Catalunya a la autodeterminación.

JxSí y la CUP destacan en la resolución la 'Promoción del Derecho a la Democracia' de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, aseguran que el Tribunal Internacional de Justicia afirma que durante la segunda mitad del siglo XX hubo nuevos casos de estados que han ejercido el derecho a la autodeterminación "sin que el ejercicio de este derecho a decidir fuera motivado por el fin del imperialismo".

El Tribunal Internacional de Justicia constata así que el derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado y que no ha surgido "ninguna norma ni costumbre en orden internacional que prohíba estas nuevas prácticas".

Para JxSí y la CUP, la ley del referéndum es la máxima expresión del mandato de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y que en ella confluyen la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán con el derecho de autodeterminación de los pueblos "consagrado por la legislación y jurisprudencia internacionales y los principios de soberanía popular y respeto por los derechos humanos, como base de todo el ordenamiento jurídico"

"RUPTURA DEL PACTO CONSTITUCIONAL"

Las formaciones independentistas defienden la necesidad de aprobar la ley para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Catalunya, "especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la desnaturalización del Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006"