Joan Lluís Quer, exgerente de la ACA, obtuvo contratos ilegales por más de 7 millones de euros

 

Una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción expone que el actual número 2 de la Oficina del Cambio Climático de la Generalitat, Gabriel Borràs, dio 38 contratos ilegales al que fuera, durante la etapa de Artur Mas, gerente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y más tarde presidente de GISA, Joan Lluís Quer.

Gerente de la ACA hasta 2004, Quer abandonó la administración pública para dirigir una consultora, Auditoría e Ingeniería (Auding), que en 2008 se beneficiaría de un contrato de 7,6 millones de euros adjudicado por la propia ACA. En 2010, tras llegar a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas repescó a Joan Lluís Quer como presidente de GISA, rebautizada como Infraestructures.cat, y, por lo tanto, responsable de la inversión pública de la Generalitat, donde manejaba un presupuesto anual de 1.200 millones de euros.

En 2015, Quer se vio obligado a dimitir después del registro de la Guardia Civil a la sede de GISA en la investigación sobre las comisiones ilegales del 3%, a raíz de la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en junio de 2015.

Según relata la denuncia de Anticorrupción, la ACA simuló un concurso público en 2008 por el que adjudicó 3,7 millones de euros a una UTE representada por Joan Lluís Quer y su antiguo jefe de Planificación de Usos del Agua en esta empresa pública, Josep Bou.

Así, la Fiscalía Anticorrupción considera probado que la adjudicación del concurso ya estaba decidida de antemano ya que en los meses precedentes seis funcionarios de la ACA se reunieron con los responsables de la UTE formada por Auding y Artenginy para redactar el pliego de condiciones. Estos mismos técnicos formaron luego la comisión técnica que valoró las seis ofertas que se habían presentado al concurso. Entre estos seis técnicos figuraba Gabriel Borràs, director entonces de Planificación de Uso Sostenible del Agua en la ACA y actual directivo de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat.

Tras este primer contrato de 3,7 millones de euros, la ACA adjudicó otros 38 contratos complementarios que suman 3,9 millones de euros, sin concurso y todos ellos ilegales según la Fiscalía Anticorrupción, a la misma UTE. Contratos, todos ellos, que contaban con el visto bueno de Gabriel Borrràs. Así, según la denuncia, la operación reportó un total de 7,6 millones de euros a las empresas de Joan Lluís Quer.

La denuncia destaca que algunos de estos contratos se otorgaron con precios hinchados artificialmente, otros tuvieron un resultado insustancial o inútil y otros correspondías a encargos ya incluidos en el contrato inicial de 3,7 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Gabriel Borràs y a otros 12 investigados de presuntos delitos de revelación de secretos, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Cabe la observación de que estos hechos ocurrieron durante la presidencia del socialista José Montilla, en la etapa del gobierno tripartito formado por PSC, ERC e ICV. La Conselleria de Medi Ambient estaba entonces controlada por ICV.