La otra cara del pacto de los Mossos: JUPOL denuncia una brecha salarial "insostenible" con la Policía Nacional

El reciente acuerdo laboral alcanzado entre el Departament d’Interior y los Mossos d’Esquadra ha vuelto a situar en el centro del debate la brecha salarial entre las policías autonómicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras los sindicatos mayoritarios del cuerpo catalán celebran lo que consideran un pacto “histórico”, desde la Policía Nacional se denuncia que estas mejoras amplían aún más la distancia retributiva existente.

El nuevo marco laboral, formalizado en el Consell de la Policía, contempla un incremento de 4.000 euros anuales en el complemento específico para todos los agentes de la escala básica, así como una reducción de 100 horas en la jornada anual, que quedará fijada en 1.580 horas. A ello se suman mejoras en vacaciones, en los complementos por nocturnidad y trabajo en fines de semana, además de una regulación más precisa de las compensaciones por disponibilidad y prolongación de jornada.

Un acuerdo de fuerte impacto presupuestario

El pacto ha sido recibido con satisfacción por los sindicatos SAP-FEPOL y SME-FEPOL, que lo han definido como un avance sin precedentes dentro del cuerpo autonómico catalán. Según las cifras conocidas, se trataría del acuerdo con mayor impacto económico en la historia de los Mossos, consolidando mejoras estructurales tanto en el plano salarial como en las condiciones laborales.

Más allá de los números, el acuerdo supone una transformación significativa en el día a día de los agentes: menos horas de servicio al año, mayores compensaciones por turnos exigentes y un refuerzo de los complementos económicos que repercuten directamente en la nómina mensual. Para muchos profesionales del cuerpo, estas medidas representan un reconocimiento tangible a la responsabilidad y el nivel de riesgo que asumen en su labor cotidiana.

La crítica de JUPOL: “Se amplía la desigualdad”

La otra cara de la moneda la ha expresado el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, que ha mostrado su rechazo frontal al acuerdo. Desde su punto de vista, estas mejoras evidencian una “grave desigualdad retributiva” entre los cuerpos autonómicos y las fuerzas estatales.

El sindicato sostiene que, mientras en algunas comunidades se consolidan avances salariales relevantes, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil continúan esperando una equiparación salarial real y efectiva. Según su denuncia, un agente destinado en Cataluña, País Vasco u otro punto del territorio nacional desempeña funciones con el mismo nivel de riesgo y responsabilidad que un policía autonómico, pero percibe miles de euros menos al año.

La organización sindical insiste en que esta situación consolida un modelo con diferencias retributivas significativas entre profesionales que operan bajo el mismo marco constitucional y con competencias similares en materia de seguridad pública.

Igualdad de funciones, ¿igualdad de salarios?

Uno de los argumentos centrales de JUPOL es que la igualdad en las funciones debe traducirse en igualdad en las condiciones económicas y laborales. El sindicato subraya que la seguridad pública no debería depender del territorio en el que se ejerce ni de la administración de la que dependa el agente.

Además de la equiparación salarial, la organización recuerda que siguen pendientes cuestiones como la regulación de la jubilación anticipada y el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo, demandas históricas dentro del colectivo.

Desde esta perspectiva, el debate trasciende lo estrictamente corporativo y se sitúa, según el sindicato, en el terreno de la justicia profesional y la eficacia del servicio público. Consideran que unas condiciones laborales adecuadas influyen directamente en la motivación, la estabilidad y el rendimiento de los agentes que garantizan la seguridad ciudadana.

Un debate que vuelve a primera línea

El nuevo acuerdo de los Mossos no solo implica una mejora concreta para el cuerpo autonómico catalán, sino que reabre una discusión de alcance estatal sobre la homogeneización de salarios en las fuerzas de seguridad. La diferencia retributiva, que según denuncian los sindicatos estatales puede alcanzar hasta los 1.000 euros mensuales, vuelve así a ocupar un espacio central en la agenda sindical y política.