Page pierde la fe en la reforma de la financiación autonómica y echa la culpa a los independentistas

Emiliano García-Page, ha expresado este martes su frustración ante la falta de avances en la reforma del modelo de financiación autonómica, asegurando que ha “perdido la fe” en que el Gobierno de España lo aborde “en serio”. En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, recogida por Europa Press, ha calificado la situación de “deprimente” y ha reclamado un sistema que no requiera negociaciones constantes.

García-Page ha defendido que el nuevo modelo debería tener “vocación de permanencia” y adaptarse de forma automática a los cambios económicos y demográficos, sin depender de pactos políticos recurrentes. “Lo razonable sería una financiación que no requiriera negociación”, ha afirmado.

Críticas al bloqueo y al papel de Catalunya

El presidente autonómico ha lamentado que, pese a que “se han multiplicado los ingresos” en la caja del Estado, no se ha logrado un acuerdo en más de una década. “En estos 11 años ha habido retrasos por una razón: porque quien gobernaba en Catalunya se negaba a sentarse con el resto”, ha asegurado.

García-Page ha insistido en que el coste real de los servicios en cada territorio debería ser el criterio central para diseñar el nuevo modelo, y ha señalado a los partidos independentistas como “palos en las ruedas” del proceso. “Quieren romper España de golpe o poco a poco”, ha afirmado.

Un debate pendiente en la agenda política

La reforma de la financiación autonómica sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes en la agenda territorial del Estado. A pesar de los reiterados llamamientos desde comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía o Valencia, el Gobierno central no ha concretado una propuesta definitiva, y las diferencias entre territorios dificultan el consenso.

García-Page, que ha mantenido una posición crítica con los pactos del Ejecutivo con fuerzas independentistas, vuelve a situar el debate en el centro del tablero político, reclamando un modelo que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos y la equidad entre comunidades.