La Fiscalía pide frenar el caso contra Begoña Gómez y desmonta el relato de Peinado

Nuevo giro en el caso que afecta a Begoña Gómez. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación contra su procesamiento, así como el de su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, defendiendo que los hechos investigados “no son constitutivos de infracción penal”.

El Ministerio Público mantiene así la línea que ha seguido durante toda la instrucción: pedir el archivo de la causa frente a la decisión del juez de llevar el caso a juicio.

Choque frontal con el juez

El recurso de la Fiscalía supone un nuevo enfrentamiento con el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que propuso procesar a Gómez el pasado 11 de abril.

En su auto, el juez planteó juzgar a la esposa de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. También incluyó en el procedimiento a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés por distintos delitos vinculados.

Frente a ello, tanto la Fiscalía como las defensas consideran que no existen bases suficientes para sostener esas acusaciones.

Peticiones de cárcel desde la acusación popular

Mientras el Ministerio Público pide archivar el caso, las acusaciones populares han elevado el tono. La asociación Hazte Oír solicita hasta 24 años de prisión para Gómez, 22 años para Álvarez y seis años para Barrabés.

Estas peticiones contrastan con la posición de la Fiscalía, que rechaza que los hechos descritos tengan relevancia penal.

Los argumentos del magistrado

El juez Peinado sostiene que existen indicios de que Gómez pudo beneficiarse de su relación personal con el presidente del Gobierno para impulsar su carrera profesional, en concreto con la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

En su escrito, el magistrado llegó a afirmar que el caso no tiene precedentes en democracia, comparándolo incluso con prácticas propias de “regímenes absolutistas”, una valoración que ha generado críticas dentro del Ejecutivo.

Según el instructor, la rapidez en la creación de la cátedra, las reuniones en Moncloa y la implicación de distintos actores apuntarían a un posible uso de influencia derivado de su posición.

Un caso en el aire

Ahora será la Audiencia Provincial la que deba decidir si avala la tesis del juez o si, como pide la Fiscalía, el caso debe archivarse. Mientras tanto, el procedimiento sigue abierto y pendiente de resolución.

El pulso entre el juez instructor y el Ministerio Público deja una causa en un punto clave, con dos interpretaciones completamente opuestas sobre los mismos hechos y un desenlace aún incierto.