Navarra refuerza la tesis de Illa: intervención pública y control del alquiler para acabar con el drama de la vivienda

"No hay nadie que haga más por la vivienda que el Govern de Catalunya", ha asegurado Salvador Illa hace. La Generalitat formalizará el próximo 13 de noviembre la compra de 170 viviendas a InmoCaixa, elevando a 843 los inmuebles adquiridos desde el inicio de su mandato. Con esta medida, el gobierno catalán refuerza su intervención directa en un mercado marcado por precios elevados y escasa oferta, consolidando un modelo que combina expansión del parque público, regulación del alquiler en zonas tensionadas y acuerdos sociales.

Catalunya ha diseñado un enfoque integral. Además de la compra directa de vivienda pública, el Govern aplica la Ley estatal de vivienda en más de 140 municipios declarados como zonas tensionadas, incluyendo Barcelona, Girona y Sabadell, donde se han impuesto límites de precios y sanciones a grandes tenedores. También se ha aprobado un registro obligatorio de grandes propietarios y se han reforzado los derechos de tanteo y retracto para evitar que inmuebles en manos de fondos pasen al mercado especulativo.

La colaboración con los Comuns ha fortalecido la política antidesahucios, con la creación de una unidad específica y el compromiso de ampliar el parque público. Aunque se ha debatido la posibilidad de limitar la compra especulativa, esta medida aún está en estudio y no ha sido implementada.

A pesar de estas políticas, la presión sobre los precios sigue siendo notable. En junio de 2025, el precio medio del alquiler en Catalunya alcanzó los 15,49 €/m², y en Barcelona llegó a 24 €/m², con un incremento anual del 9,7 %. Esta situación refleja la necesidad de intervenciones sostenidas para garantizar el acceso asequible a la vivienda.

El contexto político de la vivienda en Catalunya

La apuesta del Govern de Salvador Illa por una intervención activa en el mercado de la vivienda no solo responde a una urgencia social, sino también a una estrategia política para consolidar alianzas parlamentarias. El acuerdo con los Comuns en materia de desahucios y vivienda tensionada ha sido clave para desbloquear los presupuestos, mientras que la negociación con ERC sobre financiación singular incluye también compromisos en vivienda protegida. En este sentido, la política habitacional se ha convertido en un eje transversal que articula pactos y define prioridades legislativas.

Retos estructurales: suelo, financiación y burocracia

A pesar de las medidas adoptadas, Catalunya enfrenta obstáculos estructurales que limitan el impacto de sus políticas. La escasez de suelo disponible en zonas urbanas, la lentitud en la tramitación de licencias y la falta de financiación estatal para ampliar el parque público son factores que ralentizan la ejecución. Además, el encarecimiento de materiales y la presión del mercado turístico dificultan la contención de precios. Por ello, el Govern ha solicitado al Estado más competencias urbanísticas y fiscales para poder intervenir con mayor eficacia.

El papel de los ayuntamientos

Muchos de los avances en vivienda en Catalunya han sido impulsados desde el ámbito municipal. Ciudades como Barcelona, Sabadell, Terrassa o Girona han liderado la declaración de zonas tensionadas, la regulación de pisos turísticos y la compra directa de inmuebles. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha sancionado a grandes tenedores por incumplir la ley de alquiler y ha promovido cooperativas de vivienda como alternativa al mercado especulativo. Esta colaboración entre Generalitat y ayuntamientos ha sido clave para aplicar la Ley estatal de vivienda con mayor ambición que en otras comunidades.

Catalunya, líder, en España

El panorama nacional muestra una gran disparidad entre comunidades autónomas:

Navarra: un modelo complementario

Navarra ha sido pionera en declarar zonas tensionadas y en reforzar el parque público mediante la compra directa de vivienda a través de Nasuvinsa. Aunque no ha prohibido la compraventa especulativa, sí ha manifestado su intención de limitarla en zonas tensionadas. Además, ha creado un registro de grandes tenedores y reserva vivienda protegida para jóvenes y mayores, logrando un mercado más equilibrado y subidas de precios moderadas.

El debate sobre el modelo español de vivienda

La disparidad entre comunidades autónomas en materia de vivienda ha reabierto el debate sobre la necesidad de un modelo común. Mientras algunas regiones como Catalunya y Navarra apuestan por la intervención pública, otras como Madrid y Baleares defienden un enfoque liberal basado en la oferta privada. Esta fragmentación ha generado desigualdades territoriales en el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias vulnerables. Diversos expertos y plataformas ciudadanas reclaman una reforma constitucional que reconozca el derecho efectivo a la vivienda como prioridad estatal, con financiación garantizada y criterios homogéneos.

Catalunya, bajo el liderazgo de Salvador Illa, lidera un modelo integral de intervención en vivienda: combina expansión del parque público, regulación del alquiler y colaboración social para frenar la especulación y garantizar el acceso asequible. Navarra aporta un ejemplo complementario, con medidas pioneras y efectivas que equilibran oferta y demanda. En contraste, otras comunidades como Madrid y Baleares enfrentan la presión del mercado con instrumentos más limitados, lo que evidencia la necesidad de políticas activas y estructurales para asegurar el derecho a la vivienda en toda España.