​Elecciones en Colombia: acuerdos, alianzas, bombas y amenazas

Campesinos acceden al puesto de votación en la primera vuelta de las elecciones, entre fuertes medidas de seguridad/Miguel Sangüesa

Recta final. El próximo domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que se medirán los candidatos Iván Duque, heredero político del uribismo y claro ganador en la primera cita, y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex integrante de la guerrilla del M19, que se enfrenta al colosal reto de aglutinar todo el voto progresista, desde el centro a la izquierda, en un país gobernado desde hace décadas por fuerzas conservadoras. Es una semana llena de alianzas y golpes de efecto (en los últimos días, Petro ha ganado importantes apoyos como el del también antiguo alcalde de la capital Antanas Mockus y la excongresista Claudia López, escenificado en una especie de pacto de 12mandamientos que alejan el fantasma del castrochavismo con el que atacan al candidato desde la derecha) y que puede llevar a situaciones tan surrealistas como un debate a un solo candidato (Duque ha renunciado sistemáticamente a los cara a cara televisados).

¿CUMPLIR CON LO PACTADO?

En estas elecciones hay un tema central que perfila directa o indirectamente cada uno de los programas, cada declaración, cada posible voto; la implementación del Acuerdo de Pazsitúa a los candidatos en orillas opuestas. Si bien Duque se desmarca de la ya famosa frase de “hacerlo trizas”, pronunciada en un congreso de su partido, el Centro Democrático, su planteamiento es hacer “importantes modificaciones” al acuerdo con las FARC, que incluirían vulnerar varios de los puntos clave como es el caso de la participación política o la Justicia Especial para la Paz, y ha mostrado repetidas veces su oposición al cese al fuego con el ELN. Por su parte, para Petro, cumplir con lo acordado es el punto de partida para evitar un proceso “de fragmentación social y estatal del territorio colombiano, manejado por actores que no tienen intereses políticos sino económicos, y no son nacionales sino extranjeros”. La posibilidad de que se desate una violencia nueva, descontrolada e internacionalizada al estilo de los grandes carteles mexicanos es preocupantemente plausible.

VIOLENCIA Y AMENAZAS EN LAS REGIONES

Porque la dura realidad es que mientras en Bogotá se ultiman los movimientos estratégicos electorales, en las zonas rurales de Colombia la guerra sigue y busca nuevos caminos. Podemos hablar, por ejemplo, del Catatumbo, una pequeña región montañosa fronteriza con Venezuela donde desde en poco más de tres meses los combates por el control del territorio entre diferentes grupos armados -EPL y ELN-han dejado más de 10.000 desplazados y 168.000 afectados entre la población civil; donde la semana pasada murió un estudiante y varios resultaron heridos por una bomba que supuestamente lanzó un avión del Ejército; donde las comunidades se han tenido que agrupar en varios refugios humanitarios, ante la militarización de la zona que les deja expuestos al fuego cruzado. Así lo registra La Liga Contra el Silencio, iniciativa periodística por la libertad de prensa que acompañó una comisión de verificación de derechos humanos en la zona. 

O podemos hablar también del caso del campesino y defensor de derechos humanos Edilberto Daza, que acaba de volver a su país tras tener que salir seis meses del país por las amenazas de grupos paramilitares ligados al narcotráfico y la ultraderecha, a los que lleva años denunciando, y que han intentado atentar contra su vida en varias ocasiones. 

Daza fue acogido durante seis meses en Catalunya, gracias a un programa de protección de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, un tiempo que dedicó a explicar de primera mano la complicada situación de los líderes comunitarios en el campo colombiano. Al volver, según sus propias palabras, se ha encontrado con un panorama mucho peor que antes de salir. “Cada día es todo más difícil. El mismo día de mi vuelta, tenía dos personas haciéndome seguimientos”. Para él, gran parte de la responsabilidad es del propio estado, por la falta de celeridad y compromiso a la hora de construir la paz en las regiones. “Cómo se explica que después de un acuerdo de paz un defensor de derechos humanos tenga que salir del país por amenazas? El gobierno no me ofrece ninguna garantía, no se está trabajando para acabar con el paramilitarismo. Debería ser todo lo contrario. Esa es la triste realidad que vivimos aquí en Colombia”. Por ello, para Daza es tan importante acudir a votar el domingo. Si esta carrera por la paz se pierde en Bogotá, las consecuencias para el campo pueden ser extremadamente duras.

Miguel Sangüesa. Responsable de comunicación de International Action for Peace.