​La paz en Colombia, a punto del shock

Miguel Sangüesa
Responsable de Comunicación de International Action for Peace (IAP) https://www.actionpeace.org

Coolombia Foto de Jaume Gil

Comunidades campesinas en Colombia/Foto de Jaume Gil


En el momento de escribir estas líneas, existe una altísima probabilidad de que un defensor o una defensora de derechos humanos está sufriendo una amenaza, un ataque o esté siendo asesinado en Colombia. Esta es la dramática conclusión a la que llegamos tras leer las cifras del último informe trimestraldel programa Somos Defensores, que periódicamente toma el pulso a la situaciónde seguridad, o más bien de inseguridad, de los líderes sociales enel país. Y, malas noticias, el delicado estado de salud que habitualmente diagnostican se ha tornado crítico: en los tres primeros meses del año, el número de homicidios creció de manera desproporcionada. 46 personas. 40 hombres y 6 mujeres para ser más concretos. Una muerte cada 1,9 días, superando en mucho el macabro y triste récord establecido en el mismo periodo de 2017 (cada 4,5).


¿Las razones? Pertenecer a movimientos de base campesinos, indígenas o afrodescendientes; denunciar la actuación de los grupos paramilitares que persisten en todo el país; proteger el territorio y la soberanía alimentaria. Este es el panorama de Colombia, un año y medio después de firmar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC y acabar con un conflicto armado de más de cinco décadas. O eso dijeron.


DESCONFIANZA E INCUMPLIMIENTOS


También en el momento de escribir estas líneas, hay una probabilidad inquietante de que en la prisión de Bogotá un preso en huelga de hambre sufra un desvanecimiento o una alteración grave -incluso irreversible-de sus constantes vitales. Jesús Santrich, uno de los más destacados negociadores de las FARC en los diálogos de La Habana, está en prisión preventiva a la espera de extradición a EEUU por un supuestodelito de narcotráfico. Lo sumamente preocupante de este asunto es la falta de garantías del proceso en sí; que no ha respetado los cauces de la Justicia Especial para la Paz a la que los ex combatientes tienen el derecho de acogerse.


Esto supone un mazazo para la ya de por sí frágil confianza del resto de los guerrilleros y guerrilleras, muy minada por su precaria situación tras la dejación de armas -recordemos que según el KROC Institute for International Peace Studies, las FARC han cumplido un 76% de lo pactado para su desarme, frente a sólo el 18% de los compromisos sociales del Gobierno-. De hecho, desde el mismo momento en que se dio la noticia de la detención tanto la ONU en Colombia como un grupo de europarlamentariosse apresuraron a mostrar su enorme preocupación por los acontecimientos. Porque la violencia en el país es ya demasiado alta como para asumir el riesgo de que los fusiles que callaron se sientan engañados y faltos de protección.


VOTOS, NO BALAS


Por último, en el momento de escribir estas líneas, hay carteles de partidos en las vallas publicitarias, candidatos haciendo campaña, anuncios en la radio y la televisión. Colombia está a las puertas de una cita electoral histórica, en la que se juega el todo por el todo. Porque la paz hemos visto que se firmó en un papel, pero hay que implementarla, con leyes y voluntad política. Y será del representante que se elija el próximo 27 de mayo, 17 de junio si hay segunda vuelta, la responsabilidad de dar garantías a la paz. Garantías para la participación política. Garantías en la lucha contra el paramilitarismo. Para que se respeten los derechos de las víctimas. Para acabar con el segundo mayor índice de desigualdad de toda América Latina.Es la hora de tomarse la paz en serio, de darle el oxigeno que piden a gritos cada una de sus células y órganos, de evitar el shock.


El riesgo de que la grave alteración de las constantes vitales de la paz sea irreversible, está hoy ya demasiado cerca.



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