Uno de cada cuatro votantes en el 28-A será un pensionista

 

El 24% de los electores que pueden ir a votar a los próximos comicios del 28-A en España son pensionistas. Esta cifra, puede batir el récord de participación en las próximas elecciones generales, ya que, en un día electoral con participación plena o mayoritaria, uno de cada cuatro votantes será un pensionista.

Casi 37 millones de personas podrán votar en el próximo 28-A, según desprende el INE (Instituto Nacional de Estadística), y casi 9 millones de votos, pueden proveer de los pensionistas, un 1% más en el total del electorado respecto a las últimas elecciones. Desde junio de 2016 hasta los próximos comicios, el número de españoles con derecho a voto ha aumentado en 375.876 personas, de los cuales el 80% tienen 65 años o más, ya que en España hay 304.038 pensionistas más que en 2016.

Además, el porcentaje en general de jubilados no pensionistas (porque cobran otro tipo de subsidios por discapacidad o viudedad) sobre el total del electorado también ha llegado a una cifra record, al representar al 16% de los posibles votantes. Una cuota que se disparará a partir de los próximos comicios, a medida que se jubilen las generaciones nacidas entre 1958 y 1977, a partir de 2023.

EL SISTEMA DE PENSIONES: EN EL PUNTO DE MIRA

Cada vez habrá más votantes mayores y menos jóvenes. Por eso, ningún partido se atreve a ejecutar reformas muy radicales en el sistema de Seguridad Social, temiendo al coste político de perder votos, a pesar del déficit que sufre el sistema de pensiones y que empeorará con el paso del tiempo.

"Ningún partido se atreverá nunca a no pagar las pensiones en este país", avisa el secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado. Cualquier gobierno sabe que es más rentable recortar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en otras materias que “tocar a los pensionistas” de cara a mantener los votos.

A pesar de que todos los partidos se nieguen a cambiar nada, la propia OCDE recomienda que cada cierto tiempo se debe reformar el sistema de pensiones, alargando la edad de jubilación a medida que crece la esperanza de vida o ampliando el periodo de edad trabajada que se emplea para calcular el subsidio económico de prestación social por jubilación.

Por ello, el Pacto de Toledo, creado para acordar medidas conjuntas de todos los grupos parlamentarios para no ser penalizados individualmente en las urnas, nunca ha servido, de momento, para hacer grandes reformas en el sistema de pensiones. Y, cada vez, genera más desacuerdo, dado a los desacuerdos entre partidos políticos opuestos en su totalidad, en u escenario en que la política española cada vez es más extremista y populista.