Los delitos prescriben, las secuelas no

Escuela @ep

Últimamente, ante el goteo constante de casos de abusos y acoso sexuales a mujeres, niños y adolescentes en escuelas públicas y privadas, religiosas y laicas, en universidades o en el mundo de las artes escénicas, entre otras, hemos tomado conciencia de que estamos ante de un fenómeno impune y sistémico, no abordado en profundidad . Aunque muchos de estos abusos y acosos continuarían en el olvido si no fuera por el trabajo de los medios de comunicación, somos conscientes de que sólo es la punta del iceberg.

Gran parte de nuestra sociedad asiste escandalizada a la revelación de estos casos, pero, desgraciadamente, son comportamientos muy arraigados en la sociedad. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre la responsabilidad invisible de una sociedad que ha abandonado a miles de mujeres, niños y adolescentes en un infierno cotidiano que no se denunciaba, en un túnel de silencio de décadas que han sufrido solas.

Empieza a ser la hora de levantar las alfombras, pero no podemos dejar de nuevo solas a las víctimas. Uno de los problemas más graves es que la persona no sea capaz de ver que es víctima. Cuando son conscientes de ello, muchas no han dado sólo un paso adelante por ellas, piden una reparación por todas aquellas que han sufrido los mismos abusos y acosos. Seguro que no habrá sido fácil. Por eso es necesario crear medidas para que la víctima se sienta protegida y que no tema represalias, ni que su caso se abandone.

Posiblemente han pasado muchos años, pero las víctimas no olvidan y llega el día en el que se atreven a hablar y acusar. A descargar su conciencia. De hecho, muchas de las víctimas sólo piden ser escuchadas. Sin embargo, además de escuchar, es la hora también de una reparación institucional que acabe con la impunidad y el encubrimiento.

En primer lugar, la impunidad. Impunidad dado que junto a la humillación vejatoria de los hechos, se une el muro de silencio levantado en torno al perpetrador. En su mayoría, son casos prescritos. El resultado es la impunidad del agresor y el desamparo de la víctima. Esta prescripción genera un gran sentimiento de impotencia.

Es cierto que ha habido un cambio legislativo sobre la prescripción de estos casos, dado que no prescribirán hasta los 55 años de las víctimas, puesto que son delitos que tienen 20 años de prescripción, a contar a partir de los 35 años de la persona que los sufre . Pero esta modificación no es retroactiva y entonces debe aplicarse la legislación que existía cuando se cometieron los delitos (10 años a partir de los 18 años de la víctima). Por este motivo, hemos conocido recientemente el archivo de una causa en la que unos sesenta antiguos alumnos de una escuela pública de Barcelona explicaron sus experiencias y llegaron a presentar 19 denuncias.

Esto debe llevarnos a reflexionar sobre cuál es la finalidad de la prescripción penal. El objetivo es la seguridad jurídica y la garantía de que una persona que haya cometido un delito no esté sometida a una persecución durante toda su vida (sine die). No perseguir de forma indefinida determinados delitos en los que no se hayan iniciado actuaciones penales por desconocimiento de los hechos delictivos, de la identidad del autor, o por retrasos atribuibles a la administración de justicia.

Podemos decir que en los casos de abuso y acoso a mujeres, niños y adolescentes no se da ninguno de estos tres supuestos. Los hechos son conocidos por las víctimas, los autores también, pero estas víctimas arrastran un dolor durante toda su vida, una realidad sórdida y grave, que es de muy difícil manifestación por varios miedos. Miedo a lo que dirán, miedo a no ser creídas, miedo a sentirse solas, miedo a ser revictimizadas ante una administración de justicia en la que desconfían. No dándose ninguno de estos supuestos en los que el derecho penal, por seguridad jurídica, instituye la figura de la prescripción, ¿no deberíamos plantearnos para abogar por la imprescriptibilidad de los abusos y acosos a mujeres, niños y adolescentes?

La vida cicatriza muchas heridas, pero las secuelas de un acoso o de un abuso nunca desaparecen. Si las secuelas no prescriben, tampoco deberían hacerlo los tipos delictivos cometidos en una clara situación de abuso de poder y de inferioridad que bloquea durante mucho tiempo la posible denuncia de las víctimas.

En segundo lugar, el encubrimiento. Junto al desamparo de las víctimas (añadiendo la impunidad de los perpetradores), nos encontramos con la reiterada actitud obstruccionista de las instituciones para investigar los hechos. El silencio cómplice de las instituciones que encubren, que no dan acompañamiento institucional a las víctimas, que cierran filas para defender su prestigio. Instituciones que prefieren callar, no meterse o no buscarse problemas antes que visibilizar el problema, escuchar a las víctimas y asumir responsabilidades.

Estas impunidades y encubrimientos, entre otros motivos, nos llevaron a crear desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona un grupo de trabajo para abordar este tipo de abusos y acoso en nuestra ciudad. Queremos ser un punto de diálogo y encuentro para generar dinámicas que permitan mejorar su respuesta desde las instituciones públicas y favorecer el proceso de reparación de los daños causados a las víctimas.

En este grupo de trabajo somos muy conscientes de la gravedad de los hechos y de su evidente dimensión social. Reivindicamos la exigencia de escuchar, investigar y proceder a la reparación moral y económica los abusos y acosos. Y trabajaremos para conseguir la fórmula que mejor pueda satisfacer el mínimo estándar de respeto hacia los desamparados durante muchos años como víctimas de delitos tipificados y que merecen el apoyo no sólo de la sociedad, sino también de las instituciones.

Ante el escandaloso silencio en torno a estos hechos, entendemos que no es suficiente con las medidas de prevención para el futuro, hay un pasado al que mirar de frente. Al mismo tiempo, entendemos que no se trata sólo de curar el pasado, sino de cuidar el presente y que no vuelva a suceder.

Queremos que este grupo de trabajo cree complicidades entre los diferentes agentes que acompañan a las víctimas de estas situaciones y que sea también un espacio de encuentro, un mecanismo de defensa, contra el acoso, el abuso y las agresiones sexuales en la nuestra ciudad, dispuesto a escuchar, acompañar y facilitar el acceso a servicios y recursos. Un mecanismo proactivo que proponga políticas públicas destinadas a la inversión presupuestaria en prevención de los abusos y el acoso sexual, dado que esto será un claro ahorro económico de cara al futuro.