No es una frase hecha

Eva Gallego
Jurista Administración local

Jurista Administración local

No es una frase hecha que la pobreza tiene nombre de mujer. Los datos oficiales segregados por sexo confirman esta aseveración año tras año.


De acuerdo con los datos publicados en el IDESCAT, en el año 2021 en Catalunya la tasa de ocupación de los hombres es del 58,7% y de las mujeres del 49,9%, 8,6 puntos por debajo, y el salario bruto anual medio del año 2019 de los hombres es de 28.965,38€ y el de las mujeres 22.988,22 €, prácticamente 6.000 € menos de diferencia. En los indicadores de bienestar y progreso social de Catalunya relativos al año 2020, la tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social (AROPE) es de 26,3, en el caso de las mujeres esta tasa aumenta un punto y medio, 27,8, y a un terrorífico 35,9 en relación con los jóvenes menores de 18 años.


Archivo - Imagen de archivo de una trabajadora en una oficina.

Imagen de archivo de una trabajadora en una oficina /@EP


En el ámbito de la vivienda la situación es similar. Aunque la práctica habitual sea que, en el supuesto de separación o divorcio, se adjudique el uso de la vivienda a las mujeres que se hacen cargo de sus hijos o hijas, y que la carga de la renta hipotecaria o de alquiler sea compartida entre los progenitores, la realidad es que muchos hombres dejan de asumir esta obligación y la mujer y los hijos acaban perdiendo la vivienda por impago. Por eso, cada vez es más habitual encontrarse familias monomarentales que ocupan sin título habilitante. Las dificultades de las mujeres para la conciliación familiar, un mercado de alquiler desbocado con precios cada vez más elevados, y la falta de trabajo estable y bien remunerado, las expulsa de la posibilidad de acceder a una vivienda con título y obliga a muchas mujeres a conseguir un techo a través del mercado clandestino de la venta de llaves. Un negocio cada vez más lucrativo, que se enriquece vendiendo las llaves a las personas en situación de más vulnerabilidad, aquellas que tienen una situación administrativa irregular, sin avales, nóminas y/o perceptoras de prestaciones sociales. Acaban adquiriendo las llaves de una vivienda utilizando todos sus ahorros y sin ninguna garantía de permanencia, ya que, si son pillados in fraganti y son expulsadas sin consolidar la ocupación, no les devuelven el dinero. Es el mismo modus operandi que utilizan las mafias que trafican con seres humanos para traerlos a Europa, cobran el viaje, pero no la llegada al destino. 


Cada año en Catalunya, centenares de familias son desahuciadas de sus viviendas habituales por impago de la renta hipotecaria o de alquiler, por no renovaciones del contrato de alquiler y cada vez más a menudo por ocupaciones en precario. Muchas familias viven la incertidumbre de ser desahuciadas de su hogar varias veces, hasta que finalmente se hace efectivo el lanzamiento. Son numerosos los estudios que relacionan la pérdida de la vivienda con un empeoramiento de la salud física y mental de las personas que la padecen. Este estrés es todavía más elevado en los menores. Así lo ha denunciado en diversos informes el Síndic de Greuges de Catalunya, donde proponía medidas dirigidas a protegerlos del drama de un desahucio. Medidas que no se han llegado a implementar nunca por falta de recursos. Desde los servicios sociales se observa como diferentes instancias limpian sus conciencias con oficios informando que hay una unidad familiar en situación de vulnerabilidad residencial. Que los servicios sociales tengan conocimiento de la precariedad de una mujer y sus hijos o hijas no asegura ninguna ayuda, si no se disponen de medios para hacerlo. Y esta es nuestra realidad, no se disponen de ayudas económicas suficientes para hacer frente a la situación actual, ni tampoco viviendas o alternativas residenciales para ofrecer a los que la necesiten.


Ahora se acaba de aprobar en Catalunya la última ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional. Resulta ofensivo que en Catalunya desde el año 2015 se esté legislando sobre la llamada situación de emergencia habitacional sin ningún resultado positivo, pero mucho más que, como las anteriores disposiciones, se apruebe sin ninguna dotación presupuestaria. Al final, una norma sin dinero para llevarla a cabo es una norma vacía, como una semilla que no germinará nunca.


Mientras erradicar la pobreza no esté en la agenda política, y no se adopten medidas con recursos económicos que aborden los problemas estructurales existentes; mientras las medidas sean cuidados paliativos o asistenciales, desgraciadamente la pobreza continuará teniendo nombre de mujer.

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