Bruselas busca dar un respiro a Rajoy al comienzo de su ronda para intentar formar gobierno

 

Bruselas vuelve a dar largas a la decisión de si finalmente multa o no a España por no controlar su déficit. Aunque en el ambiente se respira la idea de que finalmente la Comisión Europea se mostrará indulgente, no todos son de la misma opinión.

A favor de la sanción está Alemania, que considera que si no se actúa, se dará una imagen que dañaría la credibilidad de las reglas europeas de disciplina fiscal. Países como Italia se han mostrado en contra.

Lo cierto es que la decisión ya se pospuso el pasado mayo, cuando la Comisión Europea se saltó sus propias normas y decidió no recomendar la apertura de un proceso sancionador por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2015 por parte de España.

Una decisión que no gustó a muchos países. Se alegó que no se quería interferir políticamente en las elecciones generales del 20D. 

Pero es que tras el trauma del ‘Brexit’, desde Bruselas son cada vez más las voces favorables a dar una visión menos rígida y evitar posibles contagios separatistas o que, como mínimo, sigan poniendo en duda el proyecto europeo. 

POSIBLEMENTE NADA HASTA EL JUEVES

La Comisión Europea debatirá este martes el incumplimiento de los objetivos de déficit el pasado año tanto de España como de Portugal, pero, salvo sorpresa, no adoptará hasta el jueves la decisión de determinar falta de medidas efectivas de ambos países para reducir el desfase presupuestario, que iniciaría el procedimiento sancionador.

El colegio de comisarios abordará la cuestión en su reunión en Estrasburgo, pero "lo más probable" es que esta postura no sea confirmada formalmente hasta el jueves de esta misma semana, según han confirmado fuentes comunitarias.

De esta forma, la opinión del Ejecutivo comunitario se conocería escasos días antes de la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), que tendrá lugar el próximo martes, 12 de julio, por lo que podría no incluirse finalmente en la agenda, y retrasarse hasta octubre.

Bruselas debe decidir si determina la "falta de acción efectiva" del Gobierno español para controlar el desfase presupuestario, que el año pasado fue del 5% del PIB (sin contar las ayudas al sistema financiero), frente al compromiso de reducirlo hasta el 4,2%.

Esta decisión, que ya retrasó a mediados de mayo, desencadenaría el procedimiento para sancionar a España con una multa que equivaldría al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros en el caso de España.

BRUSELAS PODRÍA CANCELAR LA MULTA

Por el momento, fuentes europeas señalan que esta cuestión está recogida como un punto "posible" en el orden del día del Ecofin. Sin embargo, si finalmente no se incluyese formalmente, la discusión entre los ministros sobre si multar a España o no hacerlo no tendría lugar hasta octubre (el encuentro de septiembre es informal y no es posible aprobar conclusiones).

Una vez que los Veintiocho certifiquen esta "falta de acción efectiva", la Comisión Europea dispone de un plazo de 20 días para proponer una sanción a España, que se daría por adoptada salvo que el Ecofin la rechazara en un plazo de 10 días.

No obstante, Bruselas podría tomar la decisión de cancelar la multa o de incluso reducir su cuantía a cero, atendiendo a las razones esgrimidas por el Estado miembro afectado. De hecho, se da por sentado que al final esa será la decisión.

Desde Bruselas se quiere dar una imagen menos dura tras el ‘Brexit’ en un intento de poner coto a un posible efecto contagio. Y es que el próximo gobierno de España todavía está en el aire y podría pasar cualquier cosa. Por eso la Comisión Europea sigue con dilaciones y previsiblemente seguirá dando largas al asunto. 

De hecho, esta cuestión empieza a tomar forma como una punta de lanza que ponga en cuestión las políticas de austeridad y la intransigencia de los países del norte de Europa, que para muchos son la explicación más plausible del rechazo creciente de la ciudadanía a la Unión Europea.

Para muestra un botón: "Este no es tiempo de sanciones, sino tiempo para activar políticas que aporten crecimiento y trabajo", ha aseverado Gianni Pittella, presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.

Pittella es de los que opinan que una sanción a España y Portugal sería un grave error de grandes consecuencias para la Unión, que sería visto como una injusticia para los países del sur. Una acción que podría avivar las llamas del reciente referéndum en Reino Unido.

RAJOY EMPIAZA SU RONDA DE CONTACTOS

Por su parte, el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, se reúne este martes en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, dentro de su ronda de consultas para intentar formar gobierno.

Se trata de la primera entrevista --que se sepa-- que mantendrá Rajoy nueve días después de las elecciones generales y con la que busca explorar si hay voluntad de llegar a acuerdos por parte de la formación nacionalista.

Fernando Clavijo ha asegurado este lunes que todo aquel que se comprometa con las demandas de Canarias "contará con el apoyo de CC". Por eso, ha avanzado que planteará a Rajoy asuntos pendientes y otros más relevantes que están "atascados" y que, en un momento dado, pueden requerir de un impulso a la hora de "inclinar la balanza".

La reunión será a las 11.00 horas en el salón Tapiès y los dirigentes de CC ya han solicitado comparecer en Moncloa al término de la reunión. Está sin decidir si alguien del Ejecutivo también ofrecerá una rueda de prensa, dado que hasta ahora Rajoy ha pedido "no radiar" las negociaciones en los medios de comunicación.

UN ACUERDO DE MÍNIMOS

Este lunes Rajoy ha asegurado que hay que contar "a la mayor celeridad posible" con un Gobierno que esté dotado de "estabilidad" y ha apelado a lograr "un acuerdo al menos de mínimos".

A su entender, en ese acuerdo de mínimos deben incluirse los "grandes objetivos para los próximos años" y "aparcar" los temas en los que haya "discrepancias". Así, ha citado en primer lugar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y el techo de gasto, incluyendo además el cumplimiento de todos los compromisos europeos.

Aunque la prioridad de Rajoy y el PP sigue siendo llegar a algún tipo de entendimiento con el PSOE, no se cierran a otros pactos. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, admitió este lunes que esa opción está ahí.

"En absoluto descartamos la vía de dialogar y pactar con otras fuerzas", ha manifestado Casado al ser preguntado por la posibilidad de buscar un pacto con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Eso sí, ha precisado que les faltaría un diputado y, por lo tanto, es el PSOE el que tiene "la llave" en "cualquiera de las opciones".

Porque desde Génova no quieren "presionar" al PSOE, que "tendrá sus plazos" y sus "trámites" para lograr un "consenso" en sus federaciones ante el Comité Federal que esa formación celebra el día 9 de julio.