miércoles, 21 de agosto de 2019

El fiscal reafirma su petición de 9 años de inhabilitación para Homs por la consulta del 9N

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El fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para el exconseller Francesc Homs para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta del 9N, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).


El Ministerio Público considera que el actual portavoz en el Congreso del PDeCAT es autor o subsidiariamente cooperador necesario del delito de prevaricación y de desobediencia, por los que solicita la inhabilitación especial por siete años y medio y un año y un mes, más una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente.


No obstante, el fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.


El fiscal ha hecho pública sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCAT, que en su declaración en calidad de investigado se escudó en la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional para justificar sus acciones.


La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia.


AFIRMA QUE EL 9N FUE "UN DESAFÍO"


El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha señalado este miércoles durante su alegato final que el denominado "proceso participativo" que se celebró el 9 de noviembre de 2014 en Catalunya "no fue más que un desafío a la legalidad, un pulso al Estado de Derecho", por lo que ha elevado a definitiva su petición para el aforado de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de ningún cargo público.


El representante del Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para condenar a Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia que cometió al participar en la organización de la consulta del 9N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).


Ha añadido que lo que se está analizando por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "no es la intervención de los voluntarios ni la conducta de quienes en base a esa llamada acudieron a votar", sino cómo los gestores políticos de la Generalitat "se conciertan para hacer su propia voluntad frente a lo que ha establecido el máximo interprete de la Constitución".


"La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes públicos a la ley", ha incidido el representante del Ministerio Público, que ha recordado que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dictar una medida cautelar, la suspensión de la consulta, mientras decidía sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la constitucionalidad de la convocatoria.


"En definitiva, esa providencia priva a la comunidad autónoma de la competencia para celebrar la consulta mientras resolvía el fondo de esta cuestión", ha insistido en fiscal en referencia a la providencia dictada por el tribunal de garantías el 4 de noviembre de 2014. Dicha providencia se recibió por el Govern, pese a lo que se decidió no paralizar el proceso y realizar "actos de impulso" de la convocatoria, que se acabó celebrando.


PRUEBAS PERICIALES


Dos peritos de la Guardia Civil expertos en delitos informáticos han declarado este miércoles -en la última sesión- durante el juicio contra el exconseller y diputado de PDeCAT Frances Homs por su implicación en el 9N que sin el soporte de la Generalitat no podría haber funcionado el paquete de páginas web que sirvieron para organizar las votaciones y contar los resultados de la consulta. Una de ellas, denominada 'Participa', seguía funcionando este martes, ha señalado uno de ellos.


Los guardias civiles han declarado sin que su imagen fuera difundida como medida para preservar su identidad. Han señalado que realizaron un informe pericial de 34 páginas tras analizar un DVD que se les facilitó por parte de la empresa T-Systems que contenía la información relativa a cuatro paginas web utilizadas para organizar la consulta.


La primera 'on votar' (Dónde votar) era un "módulo para generar unas tarjetas" en las que según estos expertos se informaba a las personas que querían participar dónde acudir y se les designaba una mesa; en un segundo programa se ofrecía un formulario a rellenar por quien quisiera ser voluntario; el tercero --Participa--, recogía las votaciones de cada mesa y el último también estaba relacionada con el recuento de votos.


A preguntas del fiscal, los expertos han señalado que en el "código fuente" de las páginas analizadas aparecían gráficos y otras referencias a la Generalitat y al número oficial de información de esta administración 012. Se contaba además con paquetes de 'software' cuyo origen era el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) dependiente de la Administración autonómica.

A preguntas de la defensa han reconocido que analizaron el DVD que se les facilitó por la empresa y que por la huella digital aseguran que no ha podido ser manipulado.


Los agentes son los mismos que declararon en el juicio a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el mismo caso en el TSJC.


En la jornada del martes, la atención se centró en el testimonio del ex Artur Mas, que insistió en que ni antes ni después de la consulta del Estado activó ningún mecanismo para impedirla. También testificaron los asesores jurídicos de Homs en noviembre de 2014 y responsables políticos y de las empresas de los operativos de las campañas institucionales y del centro de prensa.


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