Venezuela: breve historia de la crisis

Alex Fergusson
Ecólogo. Negociador. Profesor-Investigador. Universidad Central de Venezuela. Columnista del diario El Nacional.

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La crisis económica, social y política que vive Venezuela no comenzó, como muchos creen, con el ascenso de Comandante Chávez al poder, en 1998.


En realidad comenzó con el Presidente Pérez, a principios de los años 70. La nacionalización del petróleo y el auge económico despilfarrador que derivó de ella, marcaron el inicio de una política económica y social de “bonanza” y grandes negocios que, veinte años después, provocaría el “viernes negro” (la primera gran devaluación del bolívar y el primer control de cambio - RECADI) y luego la revuelta popular y los saqueos del “caracazo”. Durante ese período, el descuido de las necesidades de la gente, la corrupción y el intento de corregir las desviaciones a través de la aplicación del “paquete neoliberal” (privatizaciones, incremento del costo de los servicios y otras medidas), potenciaron el descontento.


El alzamiento militar del 4 de febrero, con Chávez a la cabeza y luego la debacle bancaria a mediados de los 90’ cerró, con broche de oro, ese período.


A partir de allí se abrieron las puertas a lo que hoy entendemos como propuestas populistas, disfrazadas de política de izquierdas y socialismo que Chávez encarnó y muchos, ilusionados con un cambio radical, apoyamos.


Lo que pasó después: la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, la huelga general y el paro petrolero, el golpe de estado y la renuncia de Chávez, el regreso al poder, su muerte y la designación del “elegido”, produce material para varios tomos.


Lo cierto es que el análisis del estado actual y la naturaleza de la crisis socioeconómica, política y cultural en Venezuela tropieza con muchas dificultades, en parte por la ausencia de información confiable y actualizada. Desde el inicio, el gobierno ha decidido ocultar o manipular las cifras e indicadores estadísticos en casi todos los ámbitos, que permitiría confirmar su profundidad. Los cálculos que se han difundido presentan grandes variaciones y las del gobierno no son confiables. Pero también ha habido un copamiento de los medios de comunicación por parte del gobierno: cierres de medios, coacción, compras forzadas, autocensura y creación de nuevos medios audiovisuales e impresos.


Lo cierto es que a la fecha, la economía venezolana ha registrado su peor caída desde el paro petrolero de los años 2002-2003, aunque la debacle se inició a partir del 2007, con una contracción que se ha estimado entre 10%3 y 18.6%. Los últimos tres años han sido de disminución consecutiva del PIB, el cual se ha reducido en un 40% de los niveles del año 2013.


Por su parte los precios del petróleo están hoy a alrededor de 42 US $ por barril, lejos de los precios que oscilaron entre 80 y 100 dólares entre 2011 y 2013; además, la producción de petróleo ha caído a un millón 854 mil barriles diarios. Esto es un millón de barriles menos de los que se producían en el año 2001.


Ya no producimos suficiente petróleo liviano ni gasolina para el consumo interno o para ser mezclado con petróleo pesado para su transporte y refinación, y lo estamos importando, lo que reduce significativamente los beneficios. La principal refinería del país (AMUAY), uno de los complejos de refinación más grandes del mundo, está trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada.


Como consecuencia, el beneficio neto de nuestra empresa petrolera (PDVSA) se desplomó de más de 9 mil millones de dólares en 2014, a 830 millones de dólares en 2016. Actualmente (noviembre de 2017), la empresa está intervenida como consecuencia de la obscena corrupción que se puso en evidencia, mantenida durante los últimos 12 años.


Por su parte, la inflación en 2016-2017 se situó entre 500% y 800%, y se esperan niveles más altos para el año 2018. Por tercer año consecutivo se ha producido un grave déficit fiscal que ha venido contrayendo el gasto público, con una reducción de alrededor del 30% anual.


Las reservas internacionales disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 10 mil 300 millones de dólares en abril de 2017.


Como si fuera poco, el total de la deuda consolidada del país (deudas nacionales y externas, préstamos y bonos emitidos por la República y PDVSA), ascienden a 181 mil millones de dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces más que el total de las reservas internacionales del país. En los últimos 3 años, Venezuela ha cancelado, por concepto de Capital Reembolsado y de Intereses Pagados, la cantidad de 73 mil 359 millones de dólares.


El impacto socio-económico de esta catástrofe es tremendo. El deterioro general de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha tenido graves repercusiones en las condiciones de vida de la población, especialmente en las áreas de salud, alimentación y de seguridad personal. Esto constituye una reversión de los más importantes logros sociales del proceso bolivariano. Los niveles de pobreza en términos de ingresos monetarios, que se habían reducido significativamente entre 1999 y 2012, hoy están peor que los niveles que existían antes del inicio del gobierno de Chávez.


Miles de empresas productoras y comercios, incluidas las empresas extranjeras que se instalaron durante la bonanza económica, se ha ido, han cerrado o han sido confiscadas-expropiadas. El caso de las líneas aéreas es patético. Como el gobierno se ha convertido en el principal, casi único, generador de dinero, ahora la mayor parte del comercio de los bienes que son importados se mueven, corrupción mediante, en las redes informales de la economía. La escasez de casi todo, especialmente alimentos y medicinas, alcanza cerca del 70 % y no hablemos de los precios.


Como resultado visible, el 54% de los niños y muchos adultos venezolanos tienen algún grado de malnutrición o desnutrición


Así mismo, la morbilidad y la mortalidad en sectores vulnerables (niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos crónicos) han crecido a cifras alarmantes por la ausencia de medicamentos e insumos hospitalarios.


A esto hay que agregarle el “ corralito bancario”. No hay suficientes billetes de denominaciones adecuadas a los costos de los productos y el sistema de pagos por vía electrónica se encuentra colapsado. Los bancos, por orden del gobierno, tienen limitada la entrega de efectivo, tanto por taquilla como en cajeros electrónicos. Así que no hay dinero efectivo circulando y las formas de pago electrónicas están severamente limitadas.


En términos de salud pública, enfermedades como la malaria y el paludismo, la tuberculosis, la difteria y otras que habían sido erradicadas o controladas, ha vuelto por sus fueros. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2016, el número de casos de malaria registrados en el país se incrementó en un 76%, pasando de 136.402 a 240.613 casos.


En 2016/17, el país tuvo una tasa de homicidios de 91 homicidios por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar después de El Salvador en todo el mundo.


Aunque no hay cifras oficiales, se estima que unas dos millones de personas han abandonado el país en los últimos tres años, especialmente jóvenes, tanto profesionales como trabajadores no calificados, en busca de un “futuro mejor” en otros lugares.


Frente la crisis del modelo petrolero rentista –extractivista- depredador que heredamos y que Chávez reforzó, el gobierno ha optado por empujar al país en el camino de una ampliación del patrón establecido, ahora basado en la minería a gran escala. El megaproyecto de explotación del Arco Minero en la Guayana, tendría devastadoras consecuencias sociales y ambientales tanto inmediatas como a largo plazo. Afectaría parte de la selva amazónica, destruyendo vastas áreas de extraordinaria diversidad biológica, amenazaría las principales fuentes de agua, así como las represas hidroeléctricas que suministran el 70% de la electricidad que se consume en el país y tendría graves efectos sociales, económicos y culturales sobre las etnias originarias que habitan la región.


Por su parte, el panorama político no es mejor.


Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia, en abril de 2013, lo hizo con un nivel de legitimidad y de apoyo electoral mucho más bajo que el que tuvo Chávez hasta su muerte. Ganó las elecciones con una diferencia de solo 1,5% sobre Henrique Capriles, el candidato de la oposición. Al respecto, el ruido de fondo del fraude electoral, se sigue oyendo.


Una ruptura fundamental en el proceso bolivariano se produjo cuando, con la victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanzó una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional (AN). Esto implicaba un cambio radical en la correlación de fuerzas en el seno del Estado. Con esta mayoría, la oposición en la AN, de acuerdo a la Constitución, podía nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Podría aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del gobierno. En lugar de reconocer esta severa derrota e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, el Gobierno no vio la necesidad de cambios en sus políticas y atribuyó la crisis y la victoria de la oposición exclusivamente a lo que ha denominado la "guerra económica" por parte de la derecha y del imperio.


Estos son componentes del asunto pero no son, en sí mismos, suficientes para explicar la profunda crisis económica del país o los niveles de descontento en la población. 


El desate de los monstruos de: la corrupción generalizada, la burocracia, genéticamente ineficiente, la inseguridad personal y jurídica, y las distorsiones que genera una paridad cambiaria insostenible, conforman el marco-contexto de la crisis.


Por otra parte, los resultados de las recientes elecciones para gobernadores y alcaldes, pusieron en evidencia la consolidación de una estructura electoral fraudulenta, la cual se inició con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, superando con creces las patrañas de los gobiernos anteriores, y cuyo propósito es impedir o entorpecer la expresión de la voluntad genuina de la gente a través del voto.


Esta estructura electoral fraudulenta, se ha venido construyendo desde hace tiempo, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 


El proceso incluyó las siguientes acciones:


  • El impedimento de la convocatoria del Referendum Revocatorio contra el Presidente, en el 2015.
  • La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin la realización de la consulta popular que establece la Constitución.
  • La elección de los miembros de la ANC sin algún mecanismo de observación imparcial, testigos o auditoria, y sin el uso de tinta indeleble.
  • La suspensión inconsulta de las elecciones regionales para gobernadores, las cuales estaban previstas para diciembre de 2016.
  • No permitir la inscripción de las organizaciones políticas que adversan al gobierno, ni permitir el uso de sus tarjetas electorales.
  • El acortamiento excesivo, inconsulto y sin previo aviso de los lapsos para inscribir candidatos a gobernadores (uno o dos días).
  • La imposibilidad de sustituir candidatos inscritos.
  • La reubicación inconsulta, y hasta el día anterior a las elecciones regionales, de cientos de Centros de Votación, afectando a cerca de 750 mil votantes. Estas reubicaciones no fueron informadas al público por el CNE.
  • El uso masivo, público y notorio –casi obsceno- de los recursos del Estado, de grupos violentos y de los medios públicos en apoyo a los candidatos del gobierno.
  • El uso –público y notorio- de mensajes oficialistas de intimidación y coerción a los funcionarios públicos, beneficiarios de Misiones oficiales y pensionados.
  • La creación de organismos paralelos, con competencia y recursos financieros controlados por los gobernadores perdedores, en aquellos Estados donde ganó el candidato opositor.
  • La exigencia inconstitucional de que los funcionarios electos se juramenten ante la ANC, bajo amenaza de desconocimiento, destitución o cárcel.
  • La negativa de abrir el Registro Electoral Permanente (REP) lo cual impedirá que cerca de 1 millón de nuevos electores puedan inscribirse.



Así pues, parece que el gobierno ha cerrado la última puerta a la dinámica democrática, participativa y protagónica del pueblo venezolano.


De aquí en adelante el panorama esta marcado con un poco de caos y mucha incertidumbre. 


Con un liderazgo opositor que sigue en desbandada, fragmentado y sin rumbo conocido y un gobierno empeñado en permanecer “como sea” en el poder, en medio de las pugnas entre los diferentes “grupos de interés” que lo conforman, Venezuela se enfrenta una significativa inestabilidad en este próximo 2018. Mientras tanto, la gente común continúa lidiando con las calamidades del día a día, sin que haya ningún anuncio que nos permita avizorar una mejoría en la crisis económica y social que nos agobia.


Default, hiperinflación, escasez, déficit del sector interno y externo, bloqueo financiero, sanciones económicas, riesgo país, aislamiento internacional, amenaza autoritaria, son términos que estarán sobre la mesa, quizás con demasiada frecuencia.



“Venezuela es hoy un campo de batalla decisivo, no sólo en el ámbito geopolítico de las competencias inter-imperiales (China, Rusia, USA, UE). Es también un terreno privilegiado de la confrontación de ideas, en debates críticos sobre cómo avanzar en la dirección de una sociedad democrática post-capitalista que supere el patriarcado, el antropocentrismo y el racismo, así como el estado de guerra permanente y barbarie que caracterizan al mundo contemporáneo. Un debate reflexivo, crítico, del proceso político venezolano es indispensable si esta experiencia ha de contribuir a la construcción de otro mundo, mejor y posible”.


1 Comentarios

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Hacer una radiografia de la situacion actual de Venezuela previa aclaracion que la crisis es inevitable no es cierto, no tomar partido en nada sirve, al contrario justifica el estado actual.

escrito por fernando jaramillo f. 26/dic/17    18:29

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