Hacienda pierde la pista a cientos de grandes fortunas tras el nuevo impuesto a la riqueza

La Agencia Tributaria ha dejado de rastrear a cientos de grandes contribuyentes en España tras la entrada en vigor del impuesto estatal sobre grandes fortunas. Según los últimos datos fiscales, entre 2022 y 2023 desaparecieron de las declaraciones del IRPF cerca de 448 personas con ingresos anuales superiores a 600.000 euros. Esta fuga de grandes rentas ha generado una caída del 18 % en la recaudación por rendimientos del capital, lo que supone una pérdida de más de 2.600 millones de euros para las arcas públicas.

Este retroceso se produce en un contexto general de aumento del número de declarantes y de récord en la recaudación del IRPF, que ascendió casi 10.000 millones de euros ese mismo año. Sin embargo, las rentas altas fueron el único segmento, junto al de ingresos más bajos (entre 6.000 y 12.000 euros), en reducir su aportación fiscal. Especialistas atribuyen esta tendencia al nuevo gravamen aprobado en diciembre de 2022, que ha provocado deslocalizaciones de contribuyentes de alto poder adquisitivo y estrategias de planificación fiscal más agresivas.

Los actuales impuestos penalizan el ahorro

Al menos una treintena de grandes rentas habría abandonado España en 2023, según fuentes consultadas por Hacienda. A ello se suma que el rendimiento medio declarado en este grupo cayó de 1,05 millones a 881.000 euros, el nivel más bajo desde 2014. Los analistas fiscales alertan de que este fenómeno pone en riesgo la estabilidad del sistema tributario, dado que estos contribuyentes no solo aportan grandes sumas anuales, sino que también representan ingresos estables a largo plazo.

Los expertos coinciden en que la fiscalidad española sobre el ahorro es una de las más gravosas de Europa, lo que la convierte en poco competitiva frente a otros países con tratamientos fiscales más favorables para el capital privado. Aseguran que seguir presionando a las grandes rentas sin garantías de permanencia puede desencadenar una "fuga de cerebros fiscales" con efectos duraderos en la economía.

En Hacienda reconocen que están evaluando con cautela el impacto real del impuesto, aunque por el momento no se contemplan cambios normativos. El debate entre la justicia fiscal y la eficiencia recaudatoria vuelve a ocupar un lugar central, en un momento en el que el Gobierno necesita sostener su política social sin erosionar la base fiscal que lo hace posible.