Salud sancionará a los hospitales que no activaron las alertas en el caso del presunto bebé maltratado

La Generalitat confirma medidas correctoras a los centros médicos si la investigación confirma negligencias en la detección de los signos de violencia física y sexual

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Salud busca respuestas ante el fallo en la cadena de atención para proteger la eficacia de los protocolos sociales. Foto: Europa Press

 

El Departamento de Salud ha tomado una determinación firme ante la tragedia del bebé presuntamente víctima de maltratos por parte de sus progenitores. Según ha confirmado la Generalitat a Ràdio 4, se aplicarán sanciones y medidas correctoras contra aquellos centros sanitarios y hospitales si se resuelve que existió una mala gestión o falta de diligencia al identificar los indicios de violencia física y sexual que presentaba el pequeño.

La investigación, que sigue abierta, pone el foco sobre la cadena de atención médica que recibió el menor antes de que saltaran todas las alarmas. El objetivo es determinar por qué los mecanismos de prevención no se activaron con la celeridad necesaria.

 

Nueve días de silencio institucional y médico

La cronología de los hechos resulta especialmente dolorosa. Desde que el bebé realizó su primera visita al Hospital Sant Joan de Déu el pasado 7 de marzo, hasta que finalmente se activó el protocolo de alerta en el Hospital Vall d'Hebron, transcurrieron nueve días.

Durante esa semana y media, el menor pasó por diferentes centros hospitalarios y un Centro de Atención Primaria (CAP) sin que se notificara la gravedad de su situación. Este lapso temporal ha sido calificado por los expertos como determinante en la gravedad de las secuelas que ahora padece el lactante. Por ello, la inspección de Salud busca esclarecer en qué eslabón de la cadena se produjo el error de diagnóstico social y médico.

 

Sanciones a los centros, no a los profesionales

Una de las claves de esta resolución es que el Departamento de Salud ha aclarado que las posibles sanciones no irán dirigidas a los profesionales sanitarios a título individual, sino a las instituciones y centros responsables. Aunque todavía no se han concretado las cuantías económicas o el tipo de medidas correctoras, la Generalitat busca enviar un mensaje de "tolerancia cero" ante la omisión del deber de protección al menor.

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