El Constitucional suspenderá a los miembros de la Mesa si incumplen la resolución que dicte

El TC puede propiciar querellas y multas. 

El Tribunal Constitucional  puede propiciar querellas, imponer multas e incluso suspender a los miembros de la Mesa del Parlament ante un eventual incumplimiento por éstos de la resolución que tendrá que dictar en los próximos días.

El Constitucional tendrá que tomar una decisión después de que el Gobierno haya anunciado que impugnará la propuesta como candidato a la Presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont. 

Querellas y multas ya se aplicaron a la Mesa presidida por Carmen Forcadell por los incumplimientos de las resoluciones de este órgano que concluyeron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre.

Aunque aún es pronto para hablar de qué medidas concretas podrían aplicarse, aunque por antecedentes no puede descartarse que el nuevo Parlament insista en incumplir sus resoluciones. 

IMPUGNACIÓN DE PUIGDEMONT

La primera de ellas será, previsiblemente, la admisión de la impugnación anunciada este jueves por el Gobierno central para evitar la celebración del pleno del Parlament en la que podría ser investido presidente Carles Puigdemont.

La mera admisión a trámite de este recurso, que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que se presentará este viernes, conllevará la suspensión de la sesión de investidura. 

En el caso de que la decisión no se acate, el TC acudirá al artículo 92 de su ley orgánica -reformada en octubre de 2015- que le dota de instrumentos para facilitar la ejecución de sus resoluciones.

El citado artículo señala que el TC debe velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones y para lograrlo puede recabar "el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos". 

Añade que las podrán promover incidente de ejecución, cosa que hizo el Gobierno cuando sus sentencias suspendiendo la ley de referéndum y otras norma que aprobó el Parlament el pasado septiembre fueron ignoradas.

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES

Los instrumentos con los que la Ley faculta a los magistrados del TC para poder ejecutar sus sentencias son: multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades que incumplan; la suspensión de funciones, la ejecución sustitutoria de las resoluciones y la deducción de testimonio para exigir" la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

Esta última facultad ya se aplicó a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlament que siguieron adelante con la ley de referéndum y la declaración de independencia. 

La querella que presentó la Fiscalía por ello -por delitos de desobediencia y prevaricación- ha terminado acumulándose en el Tribunal Supremo a la causa en la que se investiga posible rebelión y malversación de fondos públicos de los responsables del 'procés'.